710 euros / año

Ahora pueden cantarse alabanzas al peaje sanitario que el Gobierno ha impuesto a los inmigrantes ilegales (1.864 para los mayores de 65 años) ya que racionalizará el uso de la sanidad por parte de un colectivo inestable, o bien pueden lanzarse los mayores improperios por elitizar el uso de un derecho que se reconoce universal, pero hacer una u otra cosa elude el verdadero problema al que ningún político de ningún color ni siquiera alude: la razón de que se haya llegado hasta aquí. (Repasen anteriores escritos sobre esta cuestión en este sitio).
Ya se ha olvidado que a partir de 1996 la llegada de inmigrantes creció muy mucho (1991: 370 m, 1996: 542 m); que desde el 2000 se disparó (1998: 637 m, 2000: 924 m, 2001: 1,4 M); y que a partir de ahí el crecimiento fue galáctico: si en el 2002 había en España 2 M de inmigrantes, en el 2010 alcanzaron los 5,7 M, y eso se refiere sólo a los censados.
La verdad a la que ningún político de ningún partido quiere hacer mención es a la de que los inmigrantes no vinieron a España, se les trajo. Para que hiciesen viviendas a menor coste, con jornadas más prolongadas y con menores condiciones de seguridad que si se hubiese contratado a trabajadores españoles. Se les trajo para que sirvieran paellas, cervezas y sangría en chiringuitos de playa y en locales no tan de playa a turistas que disculpaban las instalaciones y que las camareras y los camareros no tuvieran ni idea de Inglés por los bajos precios que pagaban por sus consumiciones. Se les trajo para que atendiesen a dependientes, para que limpiasen edificios, para hacer de jardineros, todo a menor coste que la alternativa nacional.
Y funcionó, ¡claro que funcionó!. Gentes que en su mayoría huían de la miseria se encontraron con un paraíso occidental que no les ponía ninguna pega y, encima, que les dejaba participar en la fiesta a través de créditos que se les concedían con sólo solicitarlos. Funcionó, evidentemente, pero nadie, nadie, dijo ni media palabra en relación a la bomba de tiempo que se estaba formado. Y nadie, ¡nadie!, expuso la simple sugerencia de que podía vincularse la instancia de esos inmigrantes a un contrato de trabajo y su estancia a un período de tiempo concreto.
En el año 2009 el 90% de los bebés que nacieron en Catalunya correspondieron a parejas o a madres inmigrantes, Por otra parte se estima que el número total de inmigrantes puede hoy alcanzar los siete millones. Cuando la construcción de viviendas colapsó y esa oferta de trabajo comenzó a optar por otros empleos la demanda de trabajo total se situó radicalmente por debajo de la oferta total, y reparen que me refiero a oferta y demanda totales, es decir, incluyo también el trabajo a tiempo parcial involuntario o no.
A 30 de Junio de este año el 24,6% de la población residente en España se hallaba desempleada. Cierto: habría que restar la ocupación sumergida (introduciendo un factor de compensación: ¿cuánta de esa ocupación desaparecería si se exigiese que fuese legal?), pero habría que sumar el empleo a tiempo parcial forzoso. Es decir, tenemos a casi seis millones de personas sin trabajo, de las que un número indeterminado son inmigrantes, y un porcentaje, también indeterminado, de estos que son ilegales.
Pero eso se produce en un escenario en el que la demanda de trabajo tiende a la baja porque el PIB del reino está decreciendo y en el modelo productivo español crecimiento y creación de empleo se hallan megarrelacionados, por lo que lo que puede esperarse es una caída de la recaudación fiscal a la vez que un aumento de los requerimientos a un menguante modelo de protección social por una población en la que el nivel de inmigrantes desocupados crece.
En España hoy, y va a más, y al margen de todos los problemas que ya tenemos, tenemos uno tremebundo a la vuelta de la esquina: una población inmigrante desempleada en un Estado crecientemente más pobre, y todo ello debido a (no-se-como-calificarlo) la actitud de unos políticos que increíble e incomprensiblemente tan sólo fueron a mirar el cortísimo plazo sin tener en cuenta las consecuencias de lo que estaban decidiendo en relación a algo que afecta a personas, no a mesas ni a caramelos de menta, y durante un porrón de tiempo; e insisto porque es importante, así hicieron esos políticos tuvieran un color o tuvieran otro. (Tampoco nadie les ha preguntado a esos políticos el porqué obraron así).
Lo de los 710 euros es una tontería teniendo en cuenta lo que se nos viene encima. Si yo fuese un inmigrante y mi familia, o yo, estuviese enfermo y no tuviera esos 710 euros, los obtendría como fuese, literalmente, como fuese. Poner precio a los servicios y discutir sobre el mismo está muy bien, el problema empieza cuando la mayoría del colectivo a la que la norma va dirigida no puede pagar ningún precio.
Vuelvo a decir lo que digo siempre. Este, el de la inmigración sin trabajo, no es un tema político, sino económico, exclusivamente. Lo que hay que analizar, estudiar, abordar, es qué se hace con ese colectivo inmigrante que no tiene trabajo y que no lo va tener, y en segundo lugar, mirar si ese inmigrante se halla en España de forma regular o irregular.
Sres. Políticos en el Gobierno o no. Piensen que van a hacer con ese colectivo porque ahí radica el problema, y su estallido (el del problema) se halla a la vuelta de la esquina.
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Estremecedor el reportaje / entrevista que publica El País del pasado día 8 en su última página. Dice la Sra. Begoña Álvarez, minera del carbón en Turón, Asturias: “Estamos peor que al principio, hemos perdido dos meses de sueldo para nada”. También dice que el tema del carbón afecta a familias enteras, y que “No es sólo la minería, es todo Asturias”.
Lo dicho: es inútil manifestarse y reclamar; y volver a París 1870 o a Asturias 1934 ya no está de moda. Y cada vez se necesita menos para fabricar lo que haga falta. Y no sé yo si quienes tienen que pensar sobre el tema del carbón están llegando al fondo del asunto. Pienso que no, por lo que …
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Bien, la cosa es muy simple. En la localidad italiana de Pouilles, provincia de Tarento, existe una empresa siderúrgica cuyo razón social es Ilva. Ocupa a 2.000 personas de forma directa y produce el 32% del acero que Italia produce, el problema radica en que en la zona la tasa de personas enfermas de cáncer supera en el 15% la tasa nacional, porcentaje que se eleva hasta el 30% en el caso del cáncer de pulmón; por ello ha sido decretado que esa empresa debe cerrar. El Primer Ministro italiano se ha intersado personalmente por el caso y a la zona ha enviado a uno de sus ministros a fin de que estudie la situación: mientras que la tasa desempleo italiana es del 10% en la localidad supera el 30% y el impacto del cierre de la emresa será demoledor. Bien, ¿debe interrumpir su producción esa empresa o debe continuar produciendo?.
@sninobecerra
Santiago Niño-Becerra. Catedrático de Estructura Económica. IQS School of Management. Universidad Ramon Llull.