El paradigma de la quiebra de España, y un referente en cuanto a los
"negocios" entre casta política corruptible y pseudoempresarios
corruptores, lo tenemos en la negligente gestión del Aeropuerto de
Ciudad Real. Hay que cambiar la forma de hacer negocios en España.
La
citada infraestructura aeroportuaria, actualmente en concurso de
acreedores, está a punto de entrar en proceso de liquidación. Este
proyecto nació por mediación de una sociedad que recibió dinero a fondo
perdido de los ayuntamientos de Ciudad Real (PP) y Puertollano (PSOE) y
cuyos accionistas fueron la Diputación y la Cámara de Ciudad Real.
Igualmente, la construcción de los accesos desde la autovía los ejecutó,
desde el inicio, la Junta de Castilla La Mancha (PSOE).
El mencionado proyecto se vendió como una oportunidad de
desarrollo regional, pero la realidad es que fue concebido como un
"pelotazo" en el que se utilizaron herramientas de derecho público para
favorecer intereses privados. Gestión politizada y especulativa sin visión empresarial.
Así, los implicados desarrollaron la infraestructura ayudándose de
sus propias empresas y se convirtieron, a su vez, en proveedores de todo
tipo de servicios de construcción y de consultoría. Los citados socios
no ejecutaron nunca el inviable plan de negocio, puesto que el objetivo
principal fue la venta del aeropuerto y por ese motivo la financiación
siempre se gestionó a muy corto plazo. El afán de vender la
infraestructura a toda costa llevó a la Junta de Castilla La Mancha a
contratar aerolíneas low cost para que volaran desde Ciudad Real para aparentar que el proyecto tenía éxito.
Entre las irregularidades que llevó a cabo la administración regional
manchega podemos resaltar la modificación de la LOTAU al objeto de
recalificar terrenos rústicos en industriales, lo que beneficiaba a los
accionistas con cuantiosas plusvalías. Hay que destacar que esos
terrenos fueron expropiados previamente mediante un justiprecio
inferior, según una sentencia del TSJCM, que obliga a la sociedad
gestora a indemnizar la diferencia a los propietarios.
Mención a parte merece el nepotismo y el enchufismo en la gestión
del capital humano, ya que la filiación política y el amiguismo fueron
los dos únicos criterios a seguir respecto a la selección de personal.
Se contrataron en calidad de directivos, por ejemplo, a un ex-concejal
socialista, al marido de la alcaldesa de Ciudad Real (PP), e incluso se
contrató como empleado a un sobrino de José Bono. En cuanto a la
política retributiva, destacar que se pagaron salarios desproporcionados
y millonarios a los directivos, máxime cuando la mayoría de ellos
carecía de formación específica, de experiencia en el sector, de dominio
de idiomas etc.
Finalmente, no debemos olvidarnos de la extinta CCM, que en parte fue
intervenida por el BdE por el agujero que le causó el aeropuerto y que
es el mayor de los múltiples acreedores que tiene el mismo. Y todo por
conceder créditos millonarios a los accionistas sin exigirles avales y
conformándose únicamente con la pignoración de las acciones del
aeropuerto. Si el aeropuerto entra en proceso de liquidación, ¿se
presentarán (indirectamente) a la subasta al mejor postor los culpables
de esta estafa?
Los gobernantes miran hacia otro lado
La
falta de control del poder político ha corrompido la Administración. Y
la casta ha instaurado en muchos casos una forma corrupta de hacer
negocios que requiere del pago de la famosa "mordida" o comisión por
parte de los que aspiren a conseguir un contrato.
Esta delictiva forma de hacer negocios (el cohecho, el tráfico de
influencias, etc., son ilícitos penales) es propia de repúblicas
bananeras y a pesar de ello se ha institucionalizado en determinadas
administraciones públicas, lo que ha reducido la libertad económica en
nuestro país.
Pero el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, piensa todo lo
contrario porque en su discurso durante el reciente debate sobre el
estado de la nación declaró que las instituciones están sanas y que
España está limpia. De hecho, las insuficientes medidas que propuso para
combatir la corrupción se limitan a sugerir un pacto anticorrupción y a
aumentar las penas para los corruptos, además de aludir a una posible
ampliación de la Ley de Transparencia y de la Ley de Financiación de
Partidos.
Sin duda, este discurso es puro marketing político y debe tratarse de
una broma muy pesada que los españoles no están dispuestos a tolerar,
puesto que el epicentro del problema de la corrupción está situado en el
funcionamiento de nuestra democracia. La clave para erradicar la
corrupción es acabar con el poder de los partidos políticos y emprender
un proceso de despolitización de la Justicia,lo que significaría que
muchos integrantes de la casta política acabarían vestidos con un traje a
rayas y no precisamente de marca.
El ejemplo del aeropuerto de Ciudad Real es extrapolable a casi
todas las comunidades autónomas españolas, pero la Justicia todavía no
ha pedido responsabilidades y los partidos políticos se dedican al "y tú
más". Recordemos las palabras recientes de González Pons: "En
España quien la hace la paga". Le faltó añadir que existe una excepción a
esta regla porque los políticos están al margen de la ley.
Lucio A. Muñoz es socio director de Eurogroup Human Resources.
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