Cuarenta y un imputados, que se enfrentan a la pena de muerte, es el resultado hasta ahora del hundimiento, hace dos años, del edificio sede de varias empresas textiles, con la muerte de 1.138 personas que trabajaban en condiciones lamentables en Bangladesh. Esta noticia no nos afectaría lo más mínimo, al margen de lo que nuestros sentimientos humanitarios nos dictasen, si no fuera porque varias de las empresas afectadas producían para grandes marcas textiles de nuestro país.
Haciendo un poco de memoria, en abril del 2013, el edificio Rana Plaza, sede de cuatro empresas textiles locales que fabricaban para marcas reconocidas y reconocibles europeas y norteamericanas, colapsó atrapando entre sus escombros a cientos de trabajadores. El resultado fue el de más de un millar de muertos, activistas de ONG revolviendo los escombros en busca de etiquetas de marcas occidentales y grandes empresas textiles lanzando comunicados exculpatorios acerca de su nula implicación en las condiciones de trabajo en estos talleres.
De hecho, a lo pocos días, el Corte Inglés, C&A, Primark y Mango, entre otras, elaboraron sus explicaciones desmarcándose del problema, aduciendo que ellos no controlan los procesos de producción pero que aun así obligan a las empresas proveedoras a pasar auditorías para confirmar que las condiciones de trabajo cumplen los mínimos establecidos internacionalmente. Sin ir más lejos, la compañía Primark emitió una nota tras el desastre en la que explicaba que “trabaja desde hace años con ONG y minoristas para revisar los estándares de las fábricas en Bangladesh. Primark promoverá que esas inspecciones también incluyan la integridad de los edificios”.
Desde los años 70 y 80, las grandes marcas han ido desplazando la confección de los países industrializados a los nuevos países industrializados de Asia e Hispanoamérica. Este desplazamiento fue motivado por la búsqueda del aumento de la productividad y la reducción de los costes de los salarios, que en estos países eran mucho más baratos y tuvo lugar tras un baldío intento de mejora de la productividad invirtiendo en tecnología y disminuyendo carga salarial.
El caso es que a día de hoy una prenda de vestir con etiqueta española puede haber seguido un proceso como este: el algodón de India, hilada en Turquía y tejido en Bangladesh. La tela se estampa en Italia con tintes de Polonia y China. El forro de la prenda es suizo y finalmente se empaqueta en nuestro país. Todo este viaje es más que rentable para la empresa al tener subcontratados a empresas locales todos estos procesos productivos. Sólo ha subsistido en los países occidentales la rama industrial que ha adoptado alta tecnología, calidad, moda y diseño y una mínima parte de mano de obra muy especializada.
De este modo las empresas textiles, a fuerza de subcontratar a empresas locales o de montar sus propias factorías (menos frecuente) aprovechan la mejor fiscalidad de los países emergentes, el menor coste de la mano de obra y las menores presiones sindicales y/o legales para mejorar las condiciones de trabajo en los centros de producción. De hecho se calcula, según la ONG Setem en su campaña Ropa Limpia, que el coste de la mano de obra en el sector textil supone entre el 1 y el 3 por ciento del precio final de la prenda. Con ello consiguen unos beneficios astronómicos que se reinvierten en buena parte en controlar la comercialización y diseñar las campañas publicitarias, para lo cual no se duda en gastar hasta el 60% de los beneficios para pagar con importantes honorarios a aquellos personajes famosos que darán la imagen de la marca, ya que saben que estas campañas generaran nuevas ventas y un mayor aumento de los beneficios. La mayoría de campañas publicitarias dan una imagen errónea de la realidad de la marca: lujo, consumismo, competitividad, éxito. Pero nunca nos enseñan la realidad de los talleres donde se elabora la ropa. En definitiva, estas campañas de publicidad se diseñan y se destinan a los consumidores en Europa, Estados Unidos, Canadá y Japón.
En nuestro país, uno de los de mayor producción textil, la empresa que más ha hecho uso de la deslocalización y con mayor éxito ha sido Inditex, por lo que es una de las que más ha sido investigada y perseguida por las asociaciones y ONG que tratan de determinar la responsabilidad de las grandes marcas en las condiciones de trabajo de sus empresas satélites en los países emergentes. Así, ha sido denunciada en Marruecos, donde en su centro de trabajo de Tánger estaba pagando 178 euros al mes a cambio de 65 horas de trabajo semanales. También en Brasil, donde el propio gobierno brasileño denunció a la empresa, denuncia que se saldó con el pago de un millón y medio de euros de indemnizaciones y un silencio discreto para no hacer daño a la marca. O en la India, donde fue denunciada por permitir que sus empresas asociadas contratasen mano de obra esclava, entre ello, niños.
Para compensar de alguna manera o sólo lavar la cara, según se quiera entender, la firma lleva a cabo en los diversos países donde ubica su producción auditorías e inspecciones en los centros de trabajo además de programas de patrocinio y mecenazgo y de desarrollo comunitario. El informe anual del 2012 de Inditex asegura que el grupo gallego invirtió medio millón de euros en este tipo de actividades en Bangladesh, habida cuenta que el grupo cerró ese mismo año con un beneficio neto de 2.361 millones de euros.
Para terminar, sólo un rumor, algo que hasta la fecha no se ha podido constatar pero que de ser verdad haría echar de menos los tiempos de la esclavitud: algunas empresas de algunos países asiáticos, por ejemplo China o Taiwan, para producir de forma más eficiente lo que hacen es meter en un gran barco materias primas y maquinaria textil junto con trabajadores, y enviarlos camino a Europa. Viven y trabajan en el barco y en las semanas que dura el viaje reciben los patrones de la ropa de moda que deben producir. Cuando el barco llega a destino, la producción está terminada, ganando así un tiempo precioso.
Escrito por Manuel Gonzalez
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