Hace unos días recibí un mail.
“Mi nombre es (….), tengo XX años, soy Interventor de Ayuntamiento. Si siguió el programa de Salvados del domingo ya se habrá acercado a la realidad de este cuerpo de funcionarios del Estado, que "fiscalizan" la actividad diaria municipal de gastos e ingresos abocada al abismo por la falta total de responsabilidad política en la gestión del gasto. Le doy un dato, el Ayuntamiento en el que yo trabajo tiene un presupuesto de XXXX euros, y una deuda bancaria de YYYY euros!!!!”. (La deuda equivale a 1,33 veces el presupuesto).
Respondí:
“Sí, pero ojo con eso: es fácil responsabilizar al interventor: autorizó el endeudamiento. Una pregunta. ¿Cree Ud. que ese ayuntamiento es capaz de pagar todo lo que debe?”.
Y me dijo:
“En este caso, hay un matiz, ya que X de los Y millones de deuda bancaria (el 66%), derivan del Plan de pago a proveedores aprobado por el Ministerio en el año 2012; esto es, en ese año en este Ayuntamiento existían facturas pendientes de pago por importe de X millones de euros (cifra acumulada desde el año 2006 y 2007), facturas en su mayor parte carentes de fiscalización, es decir, trabajos encargados por el grupo de gobierno y facturados directamente, llegando solo la factura una vez ejecutado el servicio pero sin autorización previa. Ese importe se certificó obligatoriamente al Ministerio (RD 4/2012) y se reconvirtió esa deuda comercial por deuda bancaria (casi al 6 por ciento de interés, aquí se firmaron préstamos con 10 entidades bancarias, que se comentaba habían adquirido el dinero al 1 por ciento), y esto ocurrió en todos los Ayuntamiento de España.
La devolución de ese préstamo de X millones de euros se estipula en 10 años con un plazo de carencia de 2 años, de lo que resulta una anualidad de X/10 de amortización más unos X/20 de intereses. En cuanto a la capacidad del Ayuntamiento de pagar esas cantidades, hay que resaltar que el pago está preceptivamente garantizado por la Participación en Tributos del Estado, que es la fuente mensual de ingresos en un Ayuntamiento medio, como el que yo trabajo, y que garantiza mayormente el pago mensual de nóminas.
(…) lo que yo creo que lo que se pone en riesgo realmente es el pago del gasto corriente del Ayuntamiento y de nóminas porque por parte del Estado se procedería en caso de impago de las cuotas a su retención en la Participación en los Tributos del Estado. Esto sumado a que 2014 es un año preelectoral (en 2015 elecciones locales) vuelve a poner en serio peligro la sostenibilidad financiera de la Corporación porque con toda certeza que se volverá a disparar el gasto y las facturas sin previa fiscalización que garantice la viabilidad de su tramitación, a lo que finalmente hay que añadir que las previsiones de ingresos del Presupuesto para 2014, también casi con absoluta certeza no van a alcanzar un grado de ejecución que permita el pago de todas las facturas aprobadas (es muy sencillo de explicar, si el presupuesto del Ayuntamiento es de Z y la estimación de ingresos es de Z, el de gastos siempre se ejecuta, esto es, el volumen de nóminas, facturas y subvenciones aprobadas va a ser Z, si el presupuesto de ingresos está "inflado" va a suponer que esas facturas lleguen a la Tesorería porque se han imputado al presupuesto de gastos pero no van a contar con liquidez para proceder al pago). ESTA ES LA REALIDAD DIARIA MUNICIPAL EN AYUNTAMIENTOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS, desconozco un poco la de los grandes ayuntamientos”.
Respondí:
“O sea, no. Y si ha de ser que sí, tijeras.
Pregunta: si lo ejecutado es igual a lo presupuestado, ¿cómo pudieron presupuestarse esas facturas por X millones?”.
Y me dijo:
“Correcto, la situación llegará al límite, y se volverán a acumular de nuevo facturas, este año ya se aprobaron casi un millón de 2012... Las facturas por X millones se presupuestan a través de los préstamos concertados, éstos permiten suplementar las partidas del presupuesto y posteriormente aprobar las facturas.
Lo que yo me pregunto es si hay conciencia de esta realidad y de la necesidad de acometer una reforma en profundidad, imagino que no solo del modelo de funcionamiento local, que es el que yo conozco, ahora parece que el primer paso es la definición de competencias a través de la Ley de reforma, pero que veo totalmente insuficiente. Se ha profesionalizado el puesto de concejal con dedicación exclusiva!”.
Y le dije:
“Bien, entonces estamos llegando a lo que he comentado en varias ocasiones. Es un problema de capacidad de pago: ni se puede pagar la deuda que se arrastra, ni se puede pagar el gasto corriente: el día a día. Para lo primero la única salida es la compensación de deudas y las quitas, para lo segundo compartir servicios con otros entes y hacer participar a los residentes en tareas comunes. Y todo ello en una atmósfera de reducción de prestaciones, para lo que, o bien se necesita un pacto político, o la transformación en otra cosa de la democracia tal y como ahora la conocemos”.
Uds. ¿qué opinan?.
Santiago Niño-Becerra. Catedrático de Estructura Económica. IQS School of Management. Universidad Ramon Llull.
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