La venta de ambas entidades supondrá además un quebranto de unos 2.000 millones al FGD. Su desinversión con más ayudas públicas costará tanto como haber procedido a su liquidación.
El Estado ha puesto a la venta esta semana dos de las entidades nacionalizadas, Novagalicia (NCG Banco) y Catalunya Banc, ante el deterioro de su balance. Su desinversión prevista para después de verano y principios del próximo año, respectivamente, supondrá la materialización de unas pérdidas que superarán los 25.000 millones. El sector da por hecho que con las nuevas ayudas que se otorgarán, el fondo de rescate público (Frob) asumirá un quebranto que se acercará a los 30.000 millones.
Para poder iniciar el proceso de venta, el Ministerio de Economía se ha visto obligado a modificar su planteamiento y ha tenido que ceder a las pretensiones de las entidades sanas. Tras suspender en abril la subasta de Catalunya Banc por el reclamo de más recursos en las ofertas de compra, el departamento de Luis de Guindos permitirá que los candidatos a adquirir ambos grupos nacionalizados condicionen sus propuestas a la concesión de otras garantías ante las incertidumbres y costes que se han añadido en los últimos meses al sistema financiero español.
Previsiblemente, los compradores paguen un euro por ambos y exigirán una serie de garantías y fondos extra, por lo que la inyección hasta ahora aportada al saneamiento de la gallega y la catalana se perderá en su integridad. En Novagalicia, que será la primera que se venderá, el Frob ha dispuesto un total de 9.000 millones de ayudas directas y unos 1.000 millones del efecto de traspaso de activos tóxicos al banco malo o Sareb. En Catalunya Banc las cifras son de 12.000 millones y 2.000 millones. La suma, por tanto, alcanza, los 24.000 millones.
Oficialmente, el Gobierno insiste en que el objetivo de las operaciones de desinversión es recuperar parte del dinero, pero en privado fuentes gubernamentales sostienen que han detectado ya más de media docena de partidas por las que los compradores van a reclamar dinero adicional. En el caso de que el importe sobrepase los 7.000 millones, el coste de Novagalicia y Catalunya Banc superará el de liquidación.
En Banco de Valencia el gasto fue ligeramente mayor, para cumplir con el objetivo de no tener que cerrar ninguna de las entidades débiles.
Exigencias del comprador
Caixabank, Unicaja, Ibercaja y Banco Sabadell han puesto en los últimos meses una serie de exigencias para seguir adelante con sus planes de absorción de grupos en problemas. Esquemas de Protección de Activos (EPA) para créditos a pymes, coberturas por refinanciaciones, compensaciones por indemnizaciones de preferentes y devolución de ayudas a la Sareb son las garantías extra que han solicitado para absorber Banco de Valencia, Caja España-Duero (Ceiss), Caja3 y Banco Gallego.
Tras el esfuerzo en el saneamiento inmobiliario, el sector padece otros puntos frágiles, como el fin de las cláusulas suelo y el impacto de los activos fiscales por la regulación de Basilea III.
A todo este sinfín de agujeros, en algún caso se añaden otros específicos. Novagalicia, por ejemplo, podría enfrentarse al pago de 430 millones a Aviva por romper su alianza en bancaseguros. Esta compañía mantiene abierta un denuncia en el arbitraje internacional para que le compense por el fin de su acuerdo estratégico. Bankia, por ejemplo, llegó a un acuerdo con Aviva para cerrar un litigio similar por el que le pagó 608 millones.
La realidad vuelve a torpedear los planes del Gobierno, que había dado por zanjada la nueva ronda de ayudas públicas a la banca tras la petición de fondos a Europa. Ahora nadie duda de que Novagalicia necesita entre 1.000 millones y 3.000 millones adicionales, mientras que Catalunya Banc, entre 3.000 millones y 5.000 millones.
El Banco de España está dispuesto a cerrar la puerta a que fondos de inversión se hagan con estos dos grupos nacionalizados, con lo que el proyecto de la Xunta y del presidente de Novagalicia, José María Castellano, va a quedar en agua de borrajas. El supervisor pretende que ambos no caigan en manos especulativas, sino en entidades sanas.
BBVA y Caixabank son los favoritos para hacerse con la entidad gallega y el Santander para absorber la catalana, pero todo dependerá de las ayudas que cada uno de ellos, como el resto de candidatos, reclamen en las pujas.
Fuentes del Frob y el Gobierno sostienen que se ha acelerado el proceso de venta después de haber detectado interés de adquisición por parte de terceros, incluidos grupos extranjeros, entre los que estarían incluidos los fondos de inversión que han presentado ofertas no oficiales por Novagalicia.
La receta para el sector
Los bancos españoles más fuertes, previsiblemente, ganarán las subastas. Pero el conjunto de entidades sanas perderá con la venta cerca de 2.000 millones a través del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD).
El ministro de Economía ha obligado a este instrumento a comprar hasta cerca de un 40 por ciento del capital de las dos nacionalizadas con el objetivo de dar liquidez a los inversores particulares de preferentes. Para asumir este coste, ha impuesto una derrama especial por este importe, que se cubrirá en un plazo máximo de diez años.
El FGD adquirirá las acciones de los minoristas tras la conversión de las preferentes con una quita adicional del 13,8 por ciento. El canje se cerró ayer. Hasta el viernes próximos los inversores de estos títulos podrán aceptar la oferta de compra del fondo de garantía. La contribución de esta hucha privada, que sirve para resguardar los depósitos de los ahorradores, ha sido elevada a lo largo de la crisis financiera. El Gobierno siempre ha cargado parte del saneamiento, como en CAM o en Unnim. Algunas entidades sanas, como Bankinter, o la patronal bancaria AEB han puesto el grito en el cielo y han reclamado públicamente que se deje de cargar a la banca sana con la factura de la débil, porque, al final, puede que la primera salga perjudicada y no pueda contribuir a la recuperación económica con la concesión de créditos.
Bankia y BMN
El Estado, una vez se desprenda de Novagalicia Banc y Catalunya Banc, mantendrá bajo su control a BMN y Bankia, siempre y cuando Unicaja cierre, tras dos años de negociaciones, la absorción de Ceiss. De momento, fuentes del Frob fechan para dentro de dos o tres años el inicio de la desinversión en los dos grupos.
La hoja de ruta diseñada para estos dos casos es la venta en bolsa. BMN todavía no cotiza, por lo que la salida del Frob se materializaría mediante su estreno bursátil a través de la oferta pública de venta. El plan de saneamiento aprobado por la Comisión Europea da hasta 2015 a la entidad que preside Carlos Egea para colocarse en el parqué.
El fondo de rescate, que ha aportado a BMN unas ayudas de más de 3.700 millones incluido el efecto de traspaso a la Sareb, considera que el grupo está siendo bien gestionado y no se plantea, por ahora, realizar modificaciones en la cúpula. Será la única nacionalizada donde el Estado no ha procedido a un cambio en la gestión.
En Bankia, la salida del Frob, a priori, parece más sencilla, ya que la firma continúa presente en el mercado. La intención es empezar a vender pequeños paquetes de acciones a partir de 2015, año en el que espera ofrecer dividendos a los inversores.
Los expertos consideran que el Estado sólo conseguirá recuperar una mínima parte de las ayudas depositadas en la entidad que preside José Ignacio Goirigolzarri. Hasta la fecha se ha inyectado fondos públicos en Bankia por importe de 36.000 millones, teniendo en cuenta el impacto de la trasferencia de activos al banco malo.
En Liberbank, Caja3 y Ceiss los recursos otorgados no son en acciones, sino que son bonos convertibles en títulos. Sólo en caso de no devolución de los mismos, el Estados se convertiría en accionista. Eso sí, las entidades tendrán que pagar cerca de un 8 por ciento por estos instrumentos de capitalización y deberá reintegrarlo en el plazo máximo de dos años. Este es, al menos, el compromiso.
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