A medida que transcurre el tiempo de la negociación, el Gobierno va modulando su propuesta sobre la reforma de las pensiones. El Ejecutivo ha decidido retirar su idea inicial de ampliar de 15 a 17 años el periodo mínimo de cotización exigido para tener derecho a la pensión contributiva. Ésta era una de las propuestas que figuraba en el documento que el Ejecutivo envió a Bruselas hace un año sobre el Plan de Estabilidad y Crecimiento.
Propuesta que, sin embargo, pasó desapercibida para la opinión pública pues estaba oculta detrás de otras reformas planteadas por el Ejecutivo y que resultaron extraordinariamente polémicas, como el retraso en la edad legal de jubilación desde los 65 a los 67 años, y la ampliación de 15 a 25 años del período de cotización obligatoria para calcular la pensión.
El Gobierno ha dado marcha atrás en la ampliación de 15 a 17 años del tiempo mínimo de cotización exigido para tener derecho a la pensión, tras considerar que “podría producirse un injusticia con quienes tienen 14 años de cotización” y al comprobar que los 15 años es el límite de cotización más aconsejado internacionalmente para tener derecho a una prestación, explicaron a EXPANSIÓN fuentes próximas a la negociación que el Gobierno está manteniendo con la patronal y los sindicatos.
Las líneas maestras
Curiosamente, y pese a la tormenta que se armó cuando el Gobierno envió su programa de Pacto de Estabilidad a Bruselas, con rectificaciones incluidas, el tiempo ha demostrado que el Ejecutivo ha mantenido casi todas las líneas maestras de aquel texto. Menos la ampliación de 15 a 17 años del periodo mínimo de cotización para tener derecho a la pensión.
Así, el Gobierno ha propuesto a la patronal y los sindicatos ampliar de 15 a 25 años el periodo de contribución exigida para calcular la pensión. Y parece que el Ejecutivo no va a encontrar mucha oposición a esta propuesta entre los sindicatos. Es verdad que, por un lado, aumentar este periodo puede suponer una disminución de la pensión para la mayoría de los trabajadores.
Esto se debe a que, con esta reforma, entra en la ponderación de la cuantía de la pensión otros años de la vida laboral en el que el salario es más bajo que al final, cuando terminan repercutiendo tanto los incrementos de los convenios como la promoción profesional y la antigüedad.
Sin embargo, el Gobierno ha explicado a los sindicatos que, en los últimos años, es relativamente frecuente pasar desde el desempleo a la jubilación. Es decir, terminar la vida laboral con una cotización muy baja, máxime si el empleado procede de las prejubilaciones o las jubilaciones anticipadas. El 11% de las jubilaciones se producen por esta vía.
Por esta razón, la inclusión de más años de cotización de la vida laboral en el cálculo de la cuantía de la pensión puede beneficiar a estos trabajadores al aumentar la media de contribución del trabajador al sistema y compensar así los años del desempleo. Incluso, esta reforma está respaldada por la Comisión parlamentaria del Pacto de Toledo. El próximo día 25, el Congreso de los Diputados aprobará el informe de dicha Comisión.
Jubilación anticipada
Precisamente, el Ejecutivo tiene intención de retrasar desde los 61 a los 63 años el umbral de la jubilación anticipada. De manera que sea coherente con su decisión de retrasar la edad legal de jubilación desde los 65 a los 67 años. Es decir, que la futura horquilla de la retirada del mercado de trabajo comprenderá entre los 63 y los 67 años.
En este punto, la discusión con los sindicatos está en las excepciones que se puedan aplicar a la jubilación de los 65 años en función de los años cotizados, entre 36 y 41 años. O si un trabajador que decide retirarse a esa edad podrá sufrir una merma en la pensión al jubilarse de forma anticipada, como ocurre ahora.
Con el respaldo del Pacto de Toledo, el Gobierno también se propone limitar el crecimiento de las pensiones no contributivas –que reciben quienes no han cotizado lo suficiente– para no desincentivar la aportación a la Seguridad Social. Con complementos, el Ejecutivo se propone que estos pensionistas no superen la cuantía anual de esta renta. 348 euros en 2011.
Los autónomos entran en el juego
El ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, se reunirá mañana miércoles con los representates del mundo autónomo para pasar revista a la reforma de las pensiones. Tras el debate abierto con los sindicatos y la patronal, el Gobierno ha decidido dar un paso más en su ronda de contactos y recibirá, presumiblemente en la sede de Trabajo, a la Federación ATA, que lidera Lorenzo Amor, y a UPTA-UGT, dirigida por Sebastián Reyna. Según fuentes próximas a la negociación, las expectativas sobre la cita son muy altas por un doble motivo.
Por un lado, la idea de que los sindicatos vayan a doblegarse a la reforma de las pensiones del Gobierno está aún intermitente, de modo que el Ejecutivo procurará suplir esta eventual falta de acuerdo con otras organizaciones representativas. Por otra parte, fuentes próximas a La Moncloa apuntan a que el Gobierno quiere acelerar el escenario de un acuerdo global amplio que le dé una foto triunfalista en la antesala de las elecciones municipales. Las reuniones que están presidiendo la reforma de las pensiones siguen desarrollándose en un ambiente críptico, a pesar de tratarse de un asunto que afecta a los 18 millones de trabajadores actuales, futuros pensionistas.
El Gobierno, al igual que sucedió con la reforma laboral, ha vuelto a optar por la política de micrófonos cerrados. Ni siquiera la prensa gráfica puede dar fe de los encuentros entre las partes. El apagón informativo continúa, informa M. Tejo.
fuente: http://www.expansion.com/2011/01/18/economia/1295307147.html
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