La venta de todo el ‘stock’ no cancelaría la deuda del ladrillo

El crédito del sector asciende a 450.000 millones, más que lo que valdría el excedente a precios de antaño. Sólo los intereses son 50 millones al día.

La gran bola de endeudamiento financiero de los promotores no baja. El saldo vivo de crédito concedido a estas empresas se mantiene en el entorno de los 322.000 millones de euros pese a que las inmobiliarias no suscriben nuevas operaciones. La atonía del sector no permite reducir esta pesada carga.

Además, si se suma el adeudo de las actividades inmobiliarias, las constructoras y las de intermediación, la cifra asciende a 450.000 millones, según el Banco de España. Esto es, más de lo que valdría todo el stock, si se vendiera con precios adecuados a las tasaciones hechas en los años anteriores, según el último informe el economista y arquitecto Ricardo Vergés, uno de los mayores expertos del sector.

Vergés sostiene en dicho trabajo –publicado en Observatorio Inmobiliario– que la actual crisis en España se debe “al origen y mal uso de una financiación indebida de naturaleza monetaria destinada a un sector inflado con falsas expectativas a golpe de información asimétrica o interesada”. Para Vergés, stock inmobiliario y deuda inmobiliaria son dos caras de la misma moneda.

Vergés remite a las cifras de producción del Ministerio de Fomento y del INE y a los saldos vivos del Banco de España para comprobar “que la crisis no nos ha sido impuesta de fuera, sino que nos la hemos buscado en todos los sentidos de la palabra”.

Ello se ha traducido en el fracaso de una oferta residencial excesiva en cantidades y en precios, lo que impide ahora a las empresas del sector terminar obras, cerrar ventas, devolver préstamos a los bancos y éstos a sus colegas europeos. “Sólo en este apartado, los intereses exigidos estarían por encima de los 50 millones de euros diarios. Eso es lo que nos deja sin liquidez”, afirma Ricardo Vergés. Esto es, más de 18.250 millones de euros sólo destinados al servicio de la deuda.

Vergés opina que el stock comercial de viviendas –unas 730.000– es un indicador incompleto y hay que añadirle el excedente en vías de producción y con valor de garantía. El conjunto representaba unos 2,32 millones de viviendas. Esta cifra sería igual a la diferencia entre la acumulación de visados de viviendas (4,77 millones) desde abril 2002 y la suma de los registros de compraventas más la autopromoción (2,45 millones en total) desde enero 2004.

De esos 2,32 millones de viviendas iniciadas pero no registradas a mediados de 2010, 1,30 millones estarían en construcción, ya sea en actividad (0,73 millones), ya sea paralizadas (0,57 millones).

Las viviendas restantes (1,02 millones) se encontrarían terminadas e incluso algunas de ellas vendidas pero no registradas. Ahora bien, un número desconocido de registradas lo habría sido a nombre de empresas “intermediarias” y no por particulares, por lo que existiría un volumen significativo no contabilizado de viviendas terminadas y registradas y no obstante en espera de comprador final.

Atrapados por la deuda
Vergés apunta que si todas las viviendas del actual stock acabaran terminándose y/o vendiéndose a precios correspondientes a las tasaciones con las que se consiguieron los préstamos para promoverlas, se recuperarían alrededor de 450.000 millones de euros, “Casi tanto” como la deuda del sector inmobiliario con los bancos nacionales “y, por ende, de la deuda correspondiente de nuestros bancos con las entidades del mercado interbancario europeo”.

Además, la deuda hipotecaria de los compradores se incrementaría en otro tanto, alcanzando por si misma los 1,10 millones de euros de saldo vivo hipotecario global a día de hoy.

15.271 ayudas al alquiler, en el aire
La secretaria de Estado de Vivienda, Beatriz Corredor, explicó ayer que el Ministerio de Fomento, que capitanea José Blanco, comunicará “en breve” a 15.271 jóvenes que según su declaración de la renta de 2009 han incumplido algún requisito para recibir la renta básica de emancipación, por lo que se suspenderá cautelarmente la ayuda de 210 euros mensuales.

La notificación de incidencia, recalcó la exministra ante la Comisión de Vivienda del Congreso de los Diputados, no implica en todos los casos que los beneficiarios acaben perdiendo el derecho a la prestación, sino que dependerá de la resolución de las administraciones competentes, las comunidades autónomas, una vez conozcan las alegaciones de los afectados. La ayuda de 210 euros mensuales, que ha beneficiado desde 2008 a 270.000 jóvenes entre 22 y 30 años, se dirige a personas con ingresos inferiores a 22.000 euros brutos anuales y titulares de un contrato de alquiler.

Corredor aseguró que entre los 8.214 jóvenes que recibieron notificaciones cuando se cruzaron los datos fiscales de 2008, una parte pudo justificar su incumplimiento, según informa Efe. En algunos casos, la Agencia Tributaria señaló a jóvenes cuyo sueldo estaba en 2008 por debajo del citado umbral, pero que cobraron después atrasos del año 2007, y pudieron seguir recibiendo la ayuda una vez aclarado el origen de los ingresos.

fuente: http://www.expansion.com/2011/02/24/empresas/inmobiliario/1298508601.html