MADRID, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -
El Tribunal Supremo revisará mañana lunes la sentencia por el 'caso Gescartera' dictada por la Audiencia Nacional en una vista pública en la que se estudiarán los 22 recursos de casación presentados por las partes, entre ellos, los de los ocho condenados por el 'agujero' patrimonial de 87,99 millones de euros de la agencia de valores.
El tribunal de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, encargado de resolver los recursos, estará formado por el ponente Perfecto Andrés, y los magistrados Adolfo Prego, Luciano Varela, Manuel Marchena y Alberto Jorge Barreiro.
El Alto Tribunal tendrá un plazo legal de diez días tras la celebración de la vista para dictar sentencia. Sin embargo, este plazo previsiblemente se ampliará, dada la dificultad técnica y la elevada cantidad de recurrentes, según informaron fuentes jurídicas a Europa Press.
El Supremo revisará el dictamen de 27 de marzo de 2008 de la Sección Cuarta de la Audiencia Nacional que condenó al propietario de Gescartera, Antonio Camacho, a 11 años de cárcel por delitos de apropiación indebida y falsedad documental. Camacho se encuentra actualmente cumpliendo la pena en la prisión de Aranjuez.
El Tribunal Supremo revisará mañana lunes la sentencia por el 'caso Gescartera' dictada por la Audiencia Nacional en una vista pública en la que se estudiarán los 22 recursos de casación presentados por las partes, entre ellos, los de los ocho condenados por el 'agujero' patrimonial de 87,99 millones de euros de la agencia de valores.
El tribunal de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, encargado de resolver los recursos, estará formado por el ponente Perfecto Andrés, y los magistrados Adolfo Prego, Luciano Varela, Manuel Marchena y Alberto Jorge Barreiro.
El Alto Tribunal tendrá un plazo legal de diez días tras la celebración de la vista para dictar sentencia. Sin embargo, este plazo previsiblemente se ampliará, dada la dificultad técnica y la elevada cantidad de recurrentes, según informaron fuentes jurídicas a Europa Press.
El Supremo revisará el dictamen de 27 de marzo de 2008 de la Sección Cuarta de la Audiencia Nacional que condenó al propietario de Gescartera, Antonio Camacho, a 11 años de cárcel por delitos de apropiación indebida y falsedad documental. Camacho se encuentra actualmente cumpliendo la pena en la prisión de Aranjuez.
El fallo también condenó al 'número dos' de Camacho, José María Ruiz de la Serna, a 10 años y medio de cárcel, así como al responsable de la comercial de Gescartera Administración y Gestión de Patrimonios (AGP), Aníbal Sardón, a 9 años de prisión por los mismos delitos.
El asesor fiscal de Gescartera, Julio Rodríguez Gil, y el apoderado Francisco Javier Sierra de la Flor, fueron condenados a seis años de cárcel por delitos continuados de apropiación indebida. Asimismo, fue condenada la presidenta de Gescartera, Pilar Giménez Reyna, a 3 años y seis meses de cárcel por complicidad en delito continuado de apropiación indebida.
El tribunal también condenó a los empleados de 'la Caixa' José Alfonso Castro Mayoral y Miguel Carlos Prats a tres años de prisión por ser cómplices de apropiación indebida y absolvió a la mujer de Camacho, Laura García Morey y a otros cinco acusados.
'LA CAIXA' Y CAJA MADRID PODRÍAN PAGAR MÁS DE 87,9 MILLONES.
Entre los recursos de casación también se encuentran los presentados por 'la Caixa' y Caja Madrid Bolsa, que fueron declarados responsables civiles subsidiarios por la desaparición de los 87,9 millones de euros de Gescartera junto con las entidades Gescartera Gestión, Bolsa Consulting Madrid, Breston, Pormociones Andolini, Asesoría y Gestión de Patrimonios.
La sentencia de la Audiencia Nacional no determinó las cantidades que tendrán que abonar cada una de las entidades, ya que será el Supremo quien las fije en el momento de la ejecución definitiva de la sentencia, tras la resolución de los recursos. Durante el juicio, el fiscal cifró en 26,37 millones de euros la posible responsabilidad civil de Caja Madrid Bolsa.
Sin embargo, los 87,9 millones de euros podrían ascender a 125 millones si se suman los intereses por los siete años transcurridos desde la intervención de la entidad y a alrededor de 150 millones de euros si se tienen en cuenta los intereses que se sumarían durante los tres años, que se prevé, tarde en ejecutarse la sentencia, según fuentes jurídicas consultadas por Europa Press.
La intervención de Gescartera por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), tuvo lugar en junio de 2001, ante sospechas de malas prácticas y ausencia de información real sobre su situación. El escándalo alcanzó al entonces secretario de Estado de Hacienda bajo el Gobierno del Partido Popular y hermano de la presidenta de Gescartera, Enrique Giménez Reyna, así como a la entonces presidenta de la CNMV, Pilar Valiente: ambos dimitieron.
Sin embargo, los 87,9 millones de euros podrían ascender a 125 millones si se suman los intereses por los siete años transcurridos desde la intervención de la entidad y a alrededor de 150 millones de euros si se tienen en cuenta los intereses que se sumarían durante los tres años, que se prevé, tarde en ejecutarse la sentencia, según fuentes jurídicas consultadas por Europa Press.
La intervención de Gescartera por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), tuvo lugar en junio de 2001, ante sospechas de malas prácticas y ausencia de información real sobre su situación. El escándalo alcanzó al entonces secretario de Estado de Hacienda bajo el Gobierno del Partido Popular y hermano de la presidenta de Gescartera, Enrique Giménez Reyna, así como a la entonces presidenta de la CNMV, Pilar Valiente: ambos dimitieron.
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