Hace unos días recibí un mail que abordaba un tema ‘complicado’:
“Hay una pregunta que creo que nadie quiere hacerse, o que nadie la formula en alto, porque de tan sólo pensarlo da miedo:
En un mundo como el actual (postglobal) donde todo el mundo sabe inglés, donde el precio de los billetes de avión es tan barato, donde las comunicaciones vía Internet te acercan un poco a los tuyos estén donde estén, hay una gran movilidad laboral, precisamente por estos factores (y no sé si otros). Un ingeniero industrial español actual puede aceptar tranquilamente un trabajo en Espoo, relacionarse en este trabajo en inglés, y cuando sea Navidad comprar un vuelo a Madrid por 150 € y pasar las navidades entre los suyos, cosa que hace treinta años se veía notablemente más complicada.
Mi pregunta es la siguiente. En una situación como esta, de una movilidad laboral bestia ¿Qué rentabilidad tiene la educación pública para un país?¿Qué sentido tiene ya educar a alguien si esta persona se puede ir con total impunidad?
Y ahora teniendo en cuenta una situación de empobrecimiento generalizado y paro creciente ¿Para qué gastar dinero en educar gente si estos se van a acabar yendo a Alemania, Noruega, o Ecuador (váyase a saber) y los que se quedan irán al paro? Especialmente teniendo en cuenta que los que más se van son los cracks con grandes aspiraciones. ¿Cómo va a salir adelante España si los que emigran son los que de verdad dan el valor extra y las ideas para que una economía resurja?
¿Piensa que una legislación laboral diferencial, que proteja más a los más preparados, podría atajar éste problema? Y si no ¿Qué se puede hacer?”
Mi respuesta fue:
“Plantea Ud. un tema de muy hondo calado: formar a alguien para que pueda irse y otro/s se beneficie/n de ese gasto que debiera haber sido inversión. Le aseguro que el tema no es nuevo: el primer país donde eso se planteó con contundencia fue en el Reino Unido, y fue a mediados de los 70: cuando la Universidad era totalmente gratuita y el país captador era USA. 'Fuga de cerebros' se denominó al fenómeno. Con el tiempo las cosas se estabilizaron porque el número de licenciados creció y porque las demandas de trabajo nacionales iban absorbiendo las ofertas nacionales de trabajo. Pero eso está cambiando desde el inicio de la crisis.
Evidentemente, en un escenario de recursos escasos esa situación de fuga de conocimiento formado con recursos nacionales -en el fondo da igual que sean públicos o privados- es insostenible, del mismo modo que lo es formar profesionales para que luego estén parados o subempleados. Pienso que la evolución de esta situación va a ser la selección de candidatas/os en función de capacidades y necesidades; es decir, no se formará a una oferta de trabajo para que luego esta oferta se haga un hueco en la demanda de trabajo existente sino que la demanda planificará sus necesidades de trabajo y se formará en consecuencia seleccionando a quienes sean más idóneos para los trabajos y tareas a realizar; de entrada una formación generalista en la mayoría de los casos y luego, diversos cursos a medida a lo largo de la vida profesional de la persona.
Pienso que en ese esquema las grandes empresas y las corporaciones tendrán mucho que decir porque tales necesidades serán diseñadas por ellas; e insisto, no distinguiría entre 'enseñanza pública y 'enseñanza privada'.
¿La legislación laboral?, como el tema monetario, bancario y fiscal pienso que tendemos hacia legislaciones mundiales en las que en lo esencial haya una convergencia”.
Puede sonar como quieran, pero piénsenlo: en una fase de recursos escasos, ya no desperdiciar, subutilizar recursos, como que no.
Santiago Niño-Becerra. Catedrático de Estructura Económica. IQS School of Management. Universidad Ramon Llull.
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