España no es Grecia. Ni Irlanda, ni Portugal, ni ninguno de esos países que han necesitado ayuda internacional. Pero hay decenas de municipios con el agua al cuello y alguna comunidad al borde de la asfixia financiera, con Bruselas muy encima de las finanzas públicas de los países con más problemas y, sobre todo, con los mercados siempre al acecho. Cataluña ha sido la primera en romper las hostilidades: el Gobierno catalán dejó ayer en el aire el cumplimiento del recorte del déficit para 2011 -y ya incumplió en 2010- si no llegan anticipos procedentes del sistema de financiación autonómica, algo a lo que el Gobierno de Zapatero se niega en redondo. En otras comunidades, a la espera de las elecciones municipales y autonómicas en apenas tres semanas, la situación es parecida y puede empeorar si, como en el caso catalán, un eventual cambio de Gobierno acaba tirando de la manta y elevando el déficit en alguna de esas regiones.
"Quien vive en una casa de cristal no es el más oportuno para tirar piedras"
El Gobierno no se da por enterado: la vicepresidenta económica, Elena Salgado, presidió ayer un tenso Consejo de Política Fiscal y Financiera en el que no se habló de 2011 y se aprobaron los planes de reequilibrio de siete comunidades, pero no los de las autonomías con más problemas.
Cataluña, para empezar, pero también Andalucía, Baleares, Castilla-La Mancha, Extremadura y Comunidad Valenciana. El consejo aprobó también el límite de déficit para 2012, 2013 y 2014, en torno al 1% del PIB para las comunidades. Ni una palabra de 2011: "En algún momento alguna comunidad ha anunciado que presentará unos presupuestos con datos distintos de los aprobados en el consejo de política fiscal. El Ministerio de Economía no tiene potestad para actuar ahí, eso corresponde a su autonomía financiera. No vamos a entrar en esa discusión", dijo la ministra. Pero si eso ocurre, Salgado advirtió que Economía impedirá emitir deuda a quien incumpla los objetivos de recorte.
El Gobierno sigue inflexible en lo relativo a los anticipos del fondo de competitividad, que para Cataluña supondría 1.350 millones de euros este año -según las cifras que maneja la Generalitat- y "ayudaría a cumplir los objetivos", dijo el consejero catalán, Andreu Mas-Colell.
Cataluña se ha comprometido a recortar el gasto un 10% -"esa cifra es una barbaridad: ir más allá no es ni posible ni creíble", dijo el consejero-, pero aun así Mas-Colell dejó claro que sin ese adelanto será muy complicado cumplir con el déficit este año. Valencia, Murcia, Baleares y Madrid solicitaron también sus adelantos del fondo y anunciaron recursos judiciales si no se producen.
Ante la cercanía de las elecciones, tanto el Gobierno como las comunidades trataron ayer de ganar tiempo, con la única excepción de Cataluña, cuyo cambio de Gobierno en diciembre ha precipitado el enfrentamiento. Pero la situación fiscal de algunas autonomías puede ser una bomba de consecuencias imprevisibles. El Gobierno central no tiene margen por las presiones de Bruselas y de los mercados, con la prima de riesgo por las nubes. Pero las comunidades tampoco. Si las amenazas de Cataluña se sustancian, incumple los objetivos de déficit y otras comunidades hacen algo parecido, los efectos sobre la deuda española pueden ser inmediatos. Los resortes legales obligarían al Gobierno a impedir nuevas emisiones de deuda a Cataluña y las regiones incumplidoras. "Y el problema solo puede ir a más porque a partir de este año las comunidades tienen que devolver dinero al Estado por las liquidaciones del sistema de financiación de 2008 y 2009", indicó Alfonso Utrilla, de la Complutense de Madrid.
Salgado abrió ayer un mínimo resquicio de flexibilidad. "El Consejo aprueba los objetivos de déficit generales, pero eso no impide que alguna comunidad pueda pactar un déficit distinto", dijo. Ese acertijo supondría que alguna comunidad registre un déficit menor -caso de Madrid, 0,75%- y eso permita a otras superar el objetivo del 1,3% del PIB para este año. Pero como casi todo ayer, eso quedó en el limbo. Los asuntos que quedaron en el aire se retomarán en próximo Consejo tras las elecciones. Pero lo que de momento hay es un pulso entre el Ejecutivo catalán y el central. "Quien vive en una casa de cristal no es el más oportuno para tirar piedras. Es el momento de pedir al Gobierno corresponsabilidad y lealtad con las comunidades. No estamos contentos con la falta de apoyo que detectamos", atacó Mas-Colell al final de la cita.
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