Las centrales nucleares españolas registraron en 2009, a falta de tres días para fin de año, un total de 80 sucesos notificados, siete más que en 2008, según datos del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), organismo competente al que las instalaciones radiactivas españolas están obligadas a comunicar cualquier variación en su normal funcionamiento.
De ellos, 27 fueron sucesos notificados de los que las centrales deben comunicar en el transcurso de una hora -al tener mayor importancia-; y otros 53 fueron "más débiles", cuya comunicación debe ser trasladada por los titulares al CSN en el plazo de 24 horas y de las que se informa públicamente como 'reseñas'.
Mientras, en 2008, de los 73 sucesos notificados por los titulares, 69 se clasificaron como nivel 0 en la Escala Internacional de Sucesos Notificados (INES, por sus siglas en inglés), tres fueron de nivel 1 y otro como nivel 2.
De acuerdo con los datos de 2009, 34 sucesos tuvieron su origen en las centrales nucleares de Ascó I y Ascó II (Tarragona), ya que la primera registró 8 reseñas y 9 sucesos, la segunda 10 reseñas y 3 sucesos y, otros cuatro sucesos notificados --dos de ellos reseñas-- en su conjunto.
A esta central catalana, le sigue, con 12 sucesos notificados al CSN la planta cacereña de Almaraz I y II, de los que 2 se registraron en la instalación en su conjunto; cuatro en Almaraz I y 6 en Almaraz II.
Por su parte, el tercer puesto se lo lleva el reactor de Vandellós II, donde se originó la comunicación de 9 sucesos notificados que originaron sendas reseñas y otros 2 sucesos notificados más que dieron lugar a sus correspondientes notas informativas.
Con un total de 8 sucesos notificados al organismo regulador se encuentran las centrales de Santa María de Garoña (Burgos) y Cofrentes (Valencia), mientras que Trillo (Guadalajara) comunicó siete sucesos al CSN, seis de ellos de tipo reseña.
Garoña acapara titulares
Más allá de los datos, durante este año a punto de concluir la energía nuclear ocupó gran espacio en periódicos, radios o cadenas de televisión, debido a la decisión final de cerrar la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) el 5 de julio de 2013, que el Gobierno comunicó el 2 de julio.
El Ejecutivo se comprometió en su programa electoral a cerrar todas las centrales nucleares, pero finalmente concedió una "prórroga" de cuatro años a la planta burgalesa debido a la falta de capacidad operativa para almacenar residuos de alta actividad en España y para desmantelar dos centrales al mismo tiempo, ya que la de José Cabrera, en Almonacid de Zorita (Guadalajara) ha iniciado ya las tareas para su desmontaje.
La decisión, que el propio Gobierno admitió que era de "carácter político", ocasionó gran polémica, ya que el organismo competente en materia de seguridad nuclear informó "por unanimidad" de forma favorable a la renovación durante diez años de la licencia de explotación de la planta burgalesa.
Tras la decisión de cierre, varias entidades como el titular de Garoña, Nuclenor, la Asociación de Municipios Afectados por Centrales Nucleares (AMAC), asociaciones empresariales y de trabajadores, así como la Junta de Castilla y León, presentaron en octubre ante la Audiencia Nacional, sendos recursos contra el cierre. El PP, por su parte, manifestó que revocará la decisión de cierre, en caso de ganar las elecciones generales de 2012.
Ascó se lleva la multa más alta
Otro de los temas en relación con la energía nuclear fue la multa impuesta el 11 de mayo a la central de Ascó I (Tarragona) por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, de 15,39 millones de euros, una cifra con la que nunca antes se había multado a una instalación nuclear en España.
La sanción se debió a la comisión de cuatro infracciones graves a raíz de la liberación de partículas radiactivas en la central, acaecida a finales de 2007 pero que no fue notificada hasta abril de 2008 al CSN. Sin embargo, el Gobierno rebajó en 7,5 millones la propuesta de sanción elevada por el CSN a Industria y que ascendía a 22,5 millones de euros.
Solución a los residuos
Uno de los últimos aspectos sobre la mesa antes de que 2009 llegue a su fin es la "reforma global" de la energía nuclear que el Ejecutivo anunció en el penúltimo Consejo de Ministros del año (23 de diciembre), que incluiría un anteproyecto de Ley de Responsabilidad Civil de las instalaciones nucleares que elevaría de 150 millones a 1.200 millones de euros.
En esta reunión del Gobierno dio luz verde a la convocatoria del Almacén Temporal Centralizado (ATC) para albergar los residuos nucleares de alta actividad del parque español. También se aprobó la reforma de algunos aspectos de la Ley de Energía nuclear, como la obligatoriedad de un único titular por central nuclear o la definición del tiempo de vida útil de una planta atómica.
En ese sentido, también se anunció que el Gobierno abrirá la convocatoria para el Almacén Temporal Centralizado (ATC), destinado a albergar los residuos radiactivos de alta actividad. En el emplazamiento se instalará también un Centro Tecnológico Asociado de 20 hectáreas donde se albergará un parque empresarial y un vivero de empresas.
Su construcción llegará a un coste de 700 millones de euros en tres fases y estará disponible en cinco años; al tiempo que se contempla la construcción de un segundo edificio de almacenamiento de empresas que se concluirá seis años después del inicio de la explotación de la instalación. También se prevé la construcción de un tercer edificio que estará disponible 14 años después del inicio. En estos trabajos e inversiones se prevé un "promedio diario" de 300 trabajadores durante los cinco primeros años y, puntualmente, hasta 500 trabajadores.
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