MIQUEL ADROVER. PALMA. Los servicios jurídicos del Govern de les Illes Balears están trabajando en buscar fórmulas para que los infractores en casos de corrupción devuelvan el dinero defraudado a la Comunitat Autónoma. Una de las opciones que se barajan es el embargo de bienes de los encausados en los numerosos casos de corrupción acaecidos en Balears en los últimos tres años. El conseller de Economía, Carles Manera, explicó que su departamento hará todo lo que esté en su mano para "recuperar el dinero de la corrupción".El Ejecutivo autonómico sólo ha conseguido, hasta el momento, que se retornen 700.000 euros de los numerosos casos de corrupción destapados por la justicia en Balears. A pesar de los constantes intentos de Economía el único caso en que el Govern ha conseguido la devolución es el del caso Bitel, ya que el resto son asuntos abiertos con ramificaciones muy extensas y se debe esperar a que su instrucción esté mucho más avanzada.De hecho, en el caso Bitel se ha podido recuperar esta cantidad al ser el dinero que depositaron los encausados, mediante aval bancario, para hacer frente a la cantidad presuntamente malversada.Desde el Govern se están realizando gestiones para poder revertir hacia las arcas autonómicas lo defraudado en casos como el Scala y su famosa caja de Cola Cao y el caso de Turisme Jove, consorcio donde se desviaron caudales públicos a fines presuntamente ilícitos. El resto de casos que afectan a la Comunidad Autónoma, como el Palma Arena o el caso del Inestur, la investigación es todavía reciente para pensar en recuperar el dinero defraudado.En concreto, desde el Govern calculan que deben recuperar del orden de 8,5 millones de euros. Esta cantidad se desglosa en 7 millones de euros en el caso del consorcio público CDIB donde se dieron contratos a empresas afines y donde apareció la ex gerente de este consorcio, Antònia Ordinas, con una gran cantidad de dinero en una caja de Cola Cao escondida en su huerto entre los tomates.En el caso de Turisme Jove, consorcio encargado de los albergues juveniles, el Govern calcula que se desviaron fondos públicos por valor de 800.000 euros.En caso Bitel, el Govern considera que con los 700.000 euros devueltos se cubre la cantidad presuntamente malversada.
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