A los 25 años de la entrada en la Unión Europea, los beneficios para nuestro país son incuestionables, aunque estén oscurecidos por la crisis financiera que se vive actualmente.
Un cuarto de siglo no es un periodo significativo en la historia de un viejo país como España, pero las generaciones presentes en los últimos 25 años sí son conscientes de que el país, desde que se incorporó a la Unión Europea, ha operado un cambio histórico que arroja un balance enormemente positivo, a pesar de las presentes dificultades económicas, que ensombrecen seguramente el juicio.
Europa, en la España de la segunda mitad del siglo XX, adquirió un profundo sentido simbólico. La transición de un régimen totalitario a una democracia en España no sería explicable sin la referencia a Europa. Es cierto que durante las postrimerías del franquismo se dieron algunos pasos alentadores en la dirección adecuada y es cierto que la entonces denominada Comunidad Económica Europea también dio señales de que contaba con España. El paso decisivo en este periodo predemocrático, y providencial para la economía española, fue la firma del Acuerdo Preferencial de 1970, que abrió las compuertas de la CEE a las exportaciones españolas en unas condiciones muy ventajosas.
El acuerdo, signado por Alberto Ullastres y José Luis Cerón, fue un paso firme de España hacia Europa que no siempre se ha valorado con la ecuanimidad que el tiempo transcurrido permite. Muchos lo interpretaron interesadamente como un respaldo internacional al régimen de Franco; otros muchos, los mejor informados, lo explicaron como un signo de confianza en una transición política que ya se intuía.
Instalada la democracia en España no se tardó en plantear abiertamente la adhesión a las instituciones europeas. A finales de 1977 se firma la adhesión al Consejo de Europa y en 1979, el acuerdo con los siete países que formaban la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA). Y aún, en el ámbito político, en 1982 se produce el ingreso de España en la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) a pesar de la gran polémica política que suscitó esta decisión. Pero, sin duda alguna, la larga marcha hacia Europa se inaugura con visos de éxito nada más tomar posesión el Gobierno presidido por Adolfo Suárez, tras las primeras elecciones democráticas en junio de 1977, aun a sabiendas de que hasta que no se cerrara un periodo constitucional inequívocamente democrático y homologable con los distintos modelos de estado vigentes en el seno de la CEE no podrían progresar las negociaciones para un tratado de adhesión. Sin embargo, se logró.
El maná europeo
Desde que España entró de pleno derecho en las instituciones europeas cabe señalar determinados periodos en los que la nueva situación se afianza y, con la mayor integración, se cumple el indeclinable objetivo nacional que es la convergencia económica, la equiparación de los niveles de vida relativos.
En una primera fase, en la que los tráficos industriales y agrícolas se van liberalizando progresivamente de acuerdo con los plazos pactados, los que irrumpen de manera decisiva son los fondos europeos, que tendrán una importancia decisiva en el gran salto adelante de la economía española, la cual ha recibido desde su entrada en la UE entre 140.000 y 170.000 millones de euros.
Los distintos instrumentos, Feder, Feoga, Fondo Social Europeo y Fondo de Cohesión, han cumplido con creces en su objetivo de acercar la renta española a la europea y en la creación de capital físico (prácticamente han financiado el 50 por ciento de las nuevas infraestructuras de carreteras, ferrocarril del alta velocidad, obras hidráulicas, etc.). En los últimos años estas aportaciones han ido equilibrándose, especialmente a partir de las grandes ampliaciones de Unión Europea.
Todavía en 2004, el saldo financiero entre España y la Unión Europea alcanzaba 7.813 millones de euros a favor de nuestro país. A partir de ese momento, se produjo una paulatina reducción como consecuencia de la mejora de la posición relativa de muchas regiones españolas en los objetivos comunitarios y a los efectos estadísticos de la incorporación de nuevos países. El saldo baja a 4.888 millones en 2005; a 2.359 millones en 2006; a 2.167 millones en 2007; a 1.018 millones en 2008; se desplomaron a 577,7 millones en 2009 y remontarán, según la previsiones presupuestarias del Gobierno español, hasta 2.730 millones en 2010.
Paralelamente a este proceso de acumulación de capital fijo del Estado y elevación de renta de los españoles, se produce el gran cambio en la estructura productiva española.
La agricultura va reduciendo aceleradamente su aportación al PIB y es la industria la que, inicialmente, emprende el gran camino de la modernización. Se acaba el dirigismo de los Planes de Desarrollo, se imponen las restricciones a las ayudas de Estado y las subvenciones porque en Europa rige, por encima de otros principios, la libre competencia.
Afortunadamente para España, lo más duro de la reconversión industrial ya se había producido. La competitividad era el nuevo paradigma y el aparato productivo español se puso a ello, con tanto entusiasmo que entre 1980 y 1999 las exportaciones pasaron de suponer el 11 por ciento del PIB al 30 por ciento. Sin embargo todavía habría que pasar penalidades. La recesión de 1992 acarreó en cuatro años la pérdida de 500.000 puestos de trabajo industriales.
La gran privatización
Otro de los procesos que se inician con España instalada ya en las instituciones comunitarias es la privatización del sector público empresarial. A partir de 1985 el Gobierno socialista ya inició un proceso, poco articulado y sin una plan director, de privatizaciones de empresas propiedad por entonces del Instituto Nacional de Industria (INI). En aquella etapa se vendieron Seat y Enasa en el sector de la automoción; SKF y CSA, en el de rodamientos; MTM y Atienza en el de bienes de equipo; y Enfersa en el de fertilizantes.
Más adelante, la privatización parcial de Endesa y Repsol demuestra que el incipiente "capitalismo popular español", ensayado con Telefónica años antes, puede admitir privatizaciones mucho más importantes. Pero el paso decisivo se da a partir de 1996. Este gran empujón llevó a las arcas del Estado una cantidad superior a 32.000 millones de euros corrientes. El mecanismo de venta fue preferentemente el de OPV. En estas operaciones fue determinante la presencia de España en la Unión Europea, tanto como marco de referencia de dinámica económica española como por la participación de capital europeo y empresas del continente en el proceso.
La nueva disciplina
Cuando España accede a la CEE, ésta ya estaba inmersa en los planes de la Unión Monetaria y la moneda única. En 1988, en el Consejo celebrado en Hannover, se crea el Comité de Expertos presidido por Jacques Delors, que debe conducir al Tratado de la Unión ( Maastricht, 1992). En 1998 se declara que, entre los 12 países donde se aplicará inicialmente el cambio de moneda nacional por el euro está España. Un año más tarde se fijaron las paridades definitivas: habrá que poner 166,66 pesetas para conseguir un euro.
La disciplina en varios órdenes es la clave sobre la que se asienta un crecimiento continuado de la economía española de catorce años, con un promedio superior al 3,5 por ciento anual.
Al vocabulario cotidiano se incorporan términos como Pacto de Estabilidad o Programa de Estabilidad y Crecimiento, que vienen a decir que el área económica de la Moneda Única Europea, sin llegar a ser lo que los teóricos denominan área monetaria óptima (como la dura crisis financiera de los últimos meses se ha encargado de probar), sí tiene los fundamentos para que incluso las economías tendencialmente menos propensas al autocontrol lo hayan ejercicio con cierta ponderación.
España perdió con la moneda única algunos de sus habituales vicios, convertidos por la necesidad en virtudes. La política monetaria de las devaluaciones competitivas se convirtió en motivo de estudio histórico; la política de monetaria de flujos de liquidez pasó también a manos del BCE. Frente a estas ventajas objetivas, en los primeros años de la aplicación del euro, la política de tipos de interés de BCE no favoreció a España, que mantenía una alta tasa de crecimiento. Pero, hasta la llegada de la crisis financiera en la que estamos insertos, la Unión Monetaria ha inculcado una cultura basada en el equilibrio de las cuentas públicas, en el manejo de la política presupuestaria nacional y en la política de oferta como recursos de la política económica.
Tras 25 años de pertenencia a la Unión Europea solamente algunos recalcitrantes euroescépticos y algunos oportunistas de última hora pueden poner en duda el éxito que ha sido para España este periodo.
La crisis financiera ha puesto de relieve, sin embargo, que la Unión Europea y la Unión Monetaria presentan algunas graves desnudeces que conviene cubrir.
Y también que España presenta debilidades que solamente un reformismo beligerante puede fortalecer.
fuente: http://www.eleconomista.es/economia/noticias/2223809/06/10/objetivo-Europaha-valido-la-pena.html
