Los trece problemas de la economía española y algunos posibles paliativos

Si nos ponemos a pensar podrían salir más, pero pienso que estos son los principales problemas que hoy tiene, que hoy soporta la economía española; problemas que la frenan y limitan. Y lo peor: en la mayoría España no puede hacer absolutamente nada para solventarlos o reducirlos.
Estos trece problemas son:


1 – Una estructura de PIB sustentada en el medio y bajo valor añadido.
2 – Un modelo productivo intensivo en factor trabajo de una cualificación real requerida media reducida.
3 – Una baja productividad por persona ocupada.
4 – Un crecimiento desequilibrado y sesgado.
5 – Una deuda total impagable que origina unos intereses que drenan recursos a otros usos necesarios o imprescindibles.
6 – Una tasa de actividad reducida.
7 – Una oferta de trabajo muy superior a la demanda de trabajo existente.
8 – Unos compromisos de déficit que incluso suponiendo el cumplimiento de las muy optimistas previsiones de crecimiento del Gobierno, se demuestras incompatibles con la realidad.
9 – Una Seguridad Social insostenible.
10 – Una parte de la población que o bien ya se halla excluida, o tiende aceleradamente hacia la exclusión.
11 – Una administración territorial que no responde en absoluto a cuestiones económicas ni a razones técnicas.
12 – Un sistema fiscal perverso que combina una presión fiscal reducida con un nivel de fraude fiscal muy elevado que, como consecuencia, origina una crónica insuficiencia recaudatoria en un entorno de un muy elevado nivel de economía sumergida.
13 – La dependencia, de esas previsiones gubernamentales, de factores sobre los que España en nada puede influir: bajos precios del petróleo, tipos de interés muy reducidos, depreciación del euro.
Veamos cada uno con un poco de detalle.


1 – Una estructura de PIB sustentada en el medio y bajo valor añadido. Turismo, construcción, automóvil,  … 
Pero no un turismo de un alto nivel de gasto medio por día de estancia; tampoco una construcción de valor elevado sino fundamentalmente orientada a la vivienda media con muy escasa innovación (y no porque no haya empresas constructoras preparadas y potentes, que va, las hay, como lo demuestran sus realizaciones en otros países, realizaciones que son PIB en esos otros países); no una industria del automóvil que ensamble vehículos de alto y muy alto valor añadido (una industria en la que todos sus centros de decisión se hallan fuera de España).
A la vez una estructura de PIB prácticamente vacía de grandes compañías que generen economías de escala y sinergias. Y con un escasísimo número de compañías que dediquen una parte significativa de sus beneficios a I+D+i+d tanto de forma individual como en colaboración con otras empresas como con los muy buenos departamentos técnicos, que los hay, en las universidades españolas.
Todo ello da lugar a un esquema que pone de manifiesto una situación limitada, topada por la realidad; una situación que imposibilita ir a más y que predetermina un tope imposible de superar.

2 – Un modelo productivo intensivo en factor trabajo de una cualificación real requerida media reducida. 

Hasta la Reforma Laboral del 2010 – 2012, y desde siempre, la vinculación entre PIB y ocupación era más que total: cuando el PIB aumentaba lo hacía el empleo, y al revés, pero en ambos casos de forma potenciada, como sobreactuando.

La Reforma Laboral en parte ha acabado con ello, pero a costa de precarizar el mercado de trabajo, de reducir el poder adquisitivo de los salarios, facilitar, de abaratar el despido, … Ya no hace falta crecer al 2% o al 2,5% para generar ocupación, pero a cambio la ocupación que se crea es precaria y subremunerada; e independiente, en muchos casos, del nivel de cualificación de la persona.

Se establece un círculo vicioso: como en numerosísimos casos la estructura del PIB español no justifica –no compensa– la inversión necesaria para aumentar la productividad porque el valor de lo fabricado no compensa el proceso inversor, la competitividad española ha estado basada, mientras se pudo, en las devaluaciones de la peseta y, ahora, desde la Reforma Laboral, en la minusvaloración de los costes salariales. Lo que degrada las cotizaciones sociales, el consumo y la recaudación impositiva.

3 – Una baja productividad por persona ocupada.

En España, la productividad por hora trabajada es reducida: mientras que, de media, en cada hora trabajada en España se generan 32,1 €, en Noruega se generan 69,6; en Dinamarca 57,4; 45,8 en Holanda, 45,6 en Francia, … Como resumen baste un dato: el PIB por hora trabajada de España en el año 2005, uno de los años de la fase del ‘España va bien’, equivalía al que Suecia mostraba en … ¡1973!. Esta menor productividad tiene un origen muy claro y ya anticipado en el punto anterior y una consecuencia terrible.

Como en España la competitividad hoy se consigue y/o aumenta despidiendo trabajadores, reduciendo costes salariales y recurriendo al empleo a tiempo parcial, el aumento de productividad que se obtiene a través de la reducción de plantilla no supone una mejora del valor de lo fabricado, por lo que el recurso a los descensos salariales y al subempleo es inevitable.

Es un esquema consecuencia de un modelo productivo generador de bajo valor, por lo que al ser reducido el valor unitario obtenido no permite –ni compensa– invertir para pasar de una ganancia de productividad sucia a una limpia a fin de mejorar el valor añadido generado.

La consecuencia es evidente: en un mundo en el que la eficiencia es ya el referente en todos los sectores, y al requerir el aumento de la eficiencia cantidades ingentes de inversión y mejoras continuadas de los sistemas organizativos, un creciente número de actividades económicas en España se irán tornando menos y menos productivas –es decir, menos eficientes– a medida que se vaya agotando el ‘efecto reforma laboral’, por lo que la competitividad española tiende al estancamiento.

4 – Un crecimiento desequilibrado y sesgado.

El crecimiento económico en España, ni es uniforme ni general. La economía española se halla basada en la actividad de unos subsectores concretos, subsectores que se hallan localizados en áreas geográficas determinadas, lo que dibuja un mapa económico español distorsionado: junto a los 31.004 euros a que asciende el PIB pc de Madrid, o los 29.683 del de Euskadi, conviven los 18.307 de Castilla la Mancha y los 15.752 de Extremadura.

Lo anterior va acompañado –lógicamente– de un hecho que refleja la realidad económica española. Igualando a 100 el PIB pc medio de la UE 28, el de España alcanzaría un valor de 93, el de Francia 107, 130 el de Holanda, y para ir más allá de la UE, 179 el de Noruega. Evidentemente hay países que tienen un PIB pc más bajo que el de España pero, ¿es el objetivo compararnos con economías más-peores que la española?

PIB y PIB pc, con todos sus problemas, son dos indicadores que reflejan una realidad española insuficiente, desequilibrada y sesgada y que predetermina una situación que limita el abordar acciones para revertir esa situación. Es un círculo vicioso del que, tal vez, sea imposible salir.

5 – Una deuda total impagable que origina unos intereses que drenan recursos a otros usos necesarios o imprescindibles. 

Es una herejía: decir que España no puede pagar lo que debe, pero pienso es una de las escasas cosas que es objetivamente incuestionables. España tiene una deuda total que supera los tres billones de euros de los que aproximadamente la mitad están en manos de inversores extranjeros, de hecho España es, después de USA, el segundo país, en términos relativos, con más deuda exterior del planeta. De esos tres billones un tercio corresponde a la deuda pública, de tal modo que los intereses de esa deuda es la tercera partida del presupuesto de gastos: unos 33 mM€. Bien, pues todo eso no se puede pagar pero es pecado mortal decir tal cosa.

La deuda pública absorbe recursos de todos para pagar los intereses que genera y al ser pública deberá ser amortizada por todos –a 23.000 euros asciende la parte alícuota  que le corresponde a cada española y cada español de la deuda del Estado, incluidos los bebés que acaban de nacer– pero, ¿de dónde van a salir esos recursos para pagar esa deuda?.

El negocio de las deuda públicas se halla en los intereses que generan: si España no ha tenido hasta ahora problemas para refinanciar su deuda se debe a que ha satisfecho puntualmente los intereses, pero eso drena recursos para realizar inversiones públicas y gasto social. Es un tema tabú, pero la realidad está ahí aplastando la economía.

6 – Una tasa de actividad reducida.

Recordemos que la tasa de actividad es el cociente entre la población con una edad comprendida entre los 16 y los 65 años que manifiesta que desea trabajar y el total de la población con ese rango de edades que no tiene ningún impedimento que le imposibilite trabajar; pues bien, España tiene una tasa de actividad más reducida de Europa: el 59%. En comparación Dinamarca y Holanda la tienen del 65% y Suecia del 64%.

Una reducida tasa de actividad supone que no todas las personas que podrían trabajar desean hacerlo, los motivos básicamente son dos: que no lo necesiten, que crean que no lo necesitan o que piensen que no vale la pena en base a las condiciones laborales ofrecidas ya que tienen su vida más o menos resuelta, o que no tengan incentivos para querer trabajar. Pero una reducida tasa de actividad implica que lo es la población activa, por lo que la tasa de desempleo queda influida por la tasa de actividad.

España tiene una tasa de desempleo que es, tras la de Grecia, la más elevada de Europa (ya: habría que considerar la ocupación en negro, la sumergida, pero también habría que tener en cuenta el subempleo): el 22,2%. En comparación con los países anteriores, la tasa de paro española es monstruosa: Dinamarca: 6,3%; Holanda: 6,8%; Suecia: 7,3%.

Es decir, España tiene una elevadísima tasa de desempleo que acompaña a una tasa de actividad muy reducida. Si España tuviese una tasa de actividad en línea con Dinamarca y Holanda, ¿qué tasa de desempleo tendría?. En otras palabras: el desempleo en España se ve ‘beneficiado’ porque la población activa es baja y se halla en descenso por la emigración y por el retorno de inmigrantes a sus países de procedencia.

Es muy  negativo y a la vez muy significativo que España tenga una baja tasa de actividad ya que pone de manifiesto que existen escasas posibilidades de empleo para las personas desempleadas y para los jóvenes que se van incorporando al mercado de trabajo.

7 – Una oferta de trabajo muy superior a la demanda de trabajo existente.

España: 22,2% de paro, 15% estimado de subempleo, el 64% de los desempleados llevan más de dos años sin trabajo, y eso con la tasa de actividad que España tiene. El problema es simple: no hay demanda de trabajo para absorber la población activa existente y mucho menos para la población cuya edad le permitiría convertirse en población activa. La consecuencia inmediata de eso es que España está condenada a tener una tasa de desempleo estructural muy, muy elevada: de entre el 16% y el 20% según diferentes estimaciones para cuando la situación económica se estabilice y la volatilidad caiga una vez la crisis haya concluido.

España vivía en una situación negativa y característica de economías con baja productividad: el crecimiento debía ser mayor del 2% / 2,5% para que se generase ocupación. La Reforma Laboral acabó con eso, ¿cómo?, precarizando el empleo hasta límites antes inimaginables.

A pesar de que la demanda de trabajo ya no es, en la inmensa mayoría de las actividades y subsectores, función directa de los niveles salariales, como en España el modelo productivo es ultraintensivo en factor trabajo, las reducciones salariales y el abaratamiento y la facilitación de los despidos ha potenciado la demanda de trabajo coyuntural sobre todo en actividades de reducido valor, como los servicios relacionados con el turismo de baja capacidad de gasto.

Paralelamente en estos años de crisis se ha potenciado en España la figura del ‘emprendedor’: una persona, la mayoría de las veces joven, que desempeñando una actividad como autónomo y contratado por obra y servicio o autoempleado, obtiene unos ingresos reducidos y aperiódicos.

Por lo que se llega a la conclusión de que la única forma efectiva de reducir el desempleo en España es reducir la población activa: como la demanda de trabajo es la que es y no es presumible que aumente significativamente, tan sólo la caída de la oferta de trabajo supondrá disminuciones apreciables en el desempleo.

8 – Unos compromisos de déficit que incluso suponiendo el cumplimiento de las muy optimistas previsiones de crecimiento del Gobierno, se demuestras incompatibles con la realidad.

Da igual el color del Gobierno, en las últimas décadas España no ha tenido déficit fiscal sólo cuatro años, bueno, tres: el 2004 cerró las cuentas públicas con un saldo del 0%. En el 2005 se obtuvo un superávit fiscal equivalente al 1,2% del PIB, del 2,2% en el 2006 y del 2,0% en el 2007. Eran los años del ‘España va más que bien’ y de ‘La economía española juega en la Champions League de las economías mundiales’, y tuvo esos superávits fiscales sin tener en cuenta las muchas carencias crónicas que España arrastraba desde siempre; pero los tuvo porque la recaudación fiscal aumentó gracias a la bonanza, lo que permitió mantener una deuda pública del 35% del PIB. Luego todo cambió y se volvió a déficit crónico.

Lo que pasó es que, con la crisis, las cosas ya no fueron como antes y los miembros de la UE tuvieron que adoptar compromisos … y llegaron los incumplimientos. España se comprometió a cerrar el 2012 con un saldo público del -6,3%, cerró con el -10,6%. En el 2013 tenía que haber cerrado con el -6,5% y cerró con el -7,1%. El 2014 el compromiso era del -5,8 pero cerró con el -5,7%, pero fue el segundo déficit más elevado de Europa. El -4,2% es el acuerdo para el 2015 y el -2,8% el del 2016, y todo apunta que va a rondar el -4,5% y el -3,5% respectivamente. Y ojo: el horizonte del compromiso es el 0% de déficit en el 2020: veintiséis miembros de la UE firmaron eso en el año 2011.

¿Qué sucede con las cuentas públicas de España? Pues algo tan sencillo como que los ingresos son menores que los gastos. ¿Aumentar ingresos?. Eso se consigue, bien con una mayor recaudación proveniente de una mayor actividad, bien aumentando tipos impositivos, bien persiguiendo el fraude fiscal, bien con una combinación de las tres vías anteriores.

Margen hay: España tiene una de las presiones fiscales más reducidas de Europa, pero hay un problema: España genera poco valor por unidad de factor utilizado, por lo que las contribuciones fiscales adquieren un peso relativo elevado sobre el bien o servicio fabricado y mucho mayor que si el valor de ese bien o servicio fuese de alto valor; la consecuencia es la pérdida de competitividad y la deriva hacia la economía sumergida y el fraude fiscal; que no se persiguen como se podría porque aún incidiría en una menor actividad al hacer no rentables un creciente número de actividades a medida que ese fraude se persiguiese.

En consecuencia reducir el gasto público –los gastos públicos al contar las tres Administraciones Públicas existentes en España– se convierte en la vía idónea para el caso español. Pero claro, el gasto público español es ya uno de los más reducidos de Europa tomando como referencia el PIB, por lo que menos gasto público significa el empeoramiento de los servicios públicos, degradación de la red de carreteras del Estado, menos recursos en sanidad y educación, …

¿Hacia dónde apunta la tendencia?. España, al igual que los otros firmantes del acuerdo, alcanzará la meta del 0% en el 2020: eso está fuera de toda discusión: más de 45.000 millones de reducción en su déficit en cinco años. Pero lo conseguirá a pesar de los españoles porque el crecimiento que en estos años se produzca pienso que ni remotamente va a dar para generar ingresos por esa cantidad, luego será a partir de aumentos de impuestos –IVA e IBI, fundamentalmente, pienso– junto a recortes de gasto público e introducción de copagos como conseguirá alcanza esa meta.

9 – Una Seguridad Social insostenible.

España llegó muy tarde al modelo de protección social: en la década de 1980, y cuando llegó tardó en universalizarlo. Hoy en España la Seguridad Social básicamente se ocupa del pago de las prestaciones por desempleo y de las pensiones, y se nutre de las aportaciones que empresas y trabajadores realizan, por ello el problema es doble (y no es exclusivo de España, lo que sucede es que en España es mucho más agudo).

Por un lado, el desempleo drena recursos al Estado porque es el Estado quien cotiza a la Seguridad Social por las personas desempleadas; por otro, la reducción de salarios que se ha producido en estos años reduce las bases de cotización y en consecuencia los ingresos; por otro más, los supuestos en los que se basó el modelo de protección social: pleno empleo del factor trabajo, salarios permanente crecientes, esperanza de vida de 65 / 70 años, …, hace tiempo que no se dan, lo que incide en el equilibrio de las cuentas de la Seguridad Social.

En el presupuesto de ingresos correspondiente al 2015 el Gobierno presupuestó un crecimiento del 6,18% en los ingresos de la Seguridad Social en el año, sin embargo a 30 de Septiembre tan sólo habían crecido el 1,08%, y eso considerando que para el Gobierno el 2015 es el año de la recuperación. En el presupuesto del 2016 el Gobierno ha ido más allá y ha previsto un aumento de los ingresos de la Seguridad Social del 6,7%. El organismo tiene que recurrir sistemáticamente a la caja de reserva para hacer frente a las pensiones, de tal modo que en tres años ha consumido el 60% de dicha caja, por lo que cuando el contenido de esa caja se agote … Y eso que algo viene en ayuda de la Seguridad Social: cada vez es menor el número de personas desempleadas cubiertas por el subsidio de paro al agotarse el tiempo de prestación: el 72% de los parados no percibe prestación.

¿Qué va a suceder con la Seguridad Social en España? Pues que, a pesar de las reformas que ya se han introducido y las que se introducirán, no va a poder cumplir con los compromisos adquiridos con los cotizantes ni con los actuales pensionistas.

10 – Una parte de la población que o bien ya se halla excluida, o tiende aceleradamente hacia la exclusión.

Actualmente en España la riqueza se distribuye así: el 10% de la población controla el 88% de la riqueza y el 90% de la población controla el 12%. Dejando por un momento a un lado lo llamativo de los números, no es una distribución extraordinariamente diferente de la que se da en otros países desarrollados. La cosa se complica cuando a los datos anteriores se suma la tasa de exclusión social, la tasa AROPE (At-Risk-Of Poverty and Exclusion) que en España alcanza un nivel del 29,2%, verdaderamente elevada y que sitúa el nivel de exclusión en un ratio cercano a un ciudadano o residente de cada tres.

Entre principios de los años 50 y finales de los 70 el objetivo fue el de redistribuir la renta, lo que se hacía por el lado de políticas fiscales que gravaban los altos ingresos y recaudación con la que los Estados nutrían un potente gasto público. España quedó al margen de esta operativa hasta principio de los años 80 cuando ya se hallaba en retroceso en la mayoría de los países capitalistas. Este modelo fiscal funcionó porque las desigualdades de rentas vigentes en los años 20 y 30 se redujeron, lo que era un objetivo en si mismo debido a la atmósfera de guerra fría reinante: era preciso mantener la paz social y el orden público y el consumo interior debía ser creciente.

El fin del Bloque del Este y la expansión de la globalización eliminaron la redistribución de la lista de objetivos importantes, de forma que la desigualdad comenzó a aumentar. En España, como llegó tarde al proceso redistributivo, mantuvo el tirón en las mejoras de las rentas bajas, aunque estando mucho más vinculada tal mejora a la reducción del desempleo y al aumento salarial que al aumento de la presión fiscal; recordemos: la de España es de las más reducidas de Europa.

El boom de los 2000 mejoró la renta media en España vía empleo aunque no redujo sustancialmente la tasa de pobreza: apenas dos puntos. La situación general fue a mejor porque el consumo aumentó, pero a ello contribuyó sustancialmente el acceso al crédito que se facilitó a la población en general que disparó el endeudamiento y que tapó el problema de base: lo reducido de las rentas reales: entre 1996 y el 2007 los salarios reales tan solo crecieron a una media del 0,7% anual, incremento que en absoluto justifica el aumento exponencial del consumo que se produjo.

Hoy, con un desempleo de récord, con un subempleo galopante, con unos salarios congelados tras las caídas experimentadas en los años pasados, y con una legislación fiscal que no favorece el aumento de la presión fiscal entre las rentas altas ni la persecución intensa del fraude fiscal, la situación de amplios colectivos es verdaderamente preocupante. 1/3 de la población se halla excluida y el número de trabajadores pobres, es decir, de personas con ocupación peo en situación de pobreza por sus reducidas rentas, se halla en aumento, pero nada indica que vaya a solventarse uno de los mayores problemas sociales de España: la insuficiencia de las rentas bajas y de muchas de las llamadas medias porque la demanda de trabajo es la que es y la oferta es muy superior.

Es decir, el problema no reside en los megamillonarios con patrimonios que ascienden a un número de millones de cinco cifras, sino en las personas que engrosan las colas de Cáritas y de otras organizaciones caritativas y en la insuficiencia de los salarios que no alcanzan para atender los mínimos vitales.

2 – Un sistema fiscal perverso que combina una presión fiscal reducida con un nivel de fraude fiscal muy elevado que, como consecuencia, origina una crónica insuficiencia recaudatoria en un entorno de un muy elevado nivel de economía sumergida.

De la economía sumergida y del fraude fiscal se han efectuado en España diversas estimaciones; de estas se deriva que la economía sumergida alcanza un volumen que oscila entre el 19% y el 23% del PIB y el fraude fiscal se movería entre el 6,5% y el 9% del PIB; cifras que por sí solas son enormes. La pregunta automática: ¿por qué no se persiguen ambos destinando a ello los recursos que sean precisos?.

España en un país que, en contra de lo que piensa la mayoría de la población, tiene una baja presión fiscal: mientras que en España es del 30,4%, en Dinamarca alcanza el 48,1%, el 46,9% en Suecia, … ; nuestros vecinos Francia y Portugal el 41,6% y el 31% respectivamente; sólo Irlanda, con el 28,2% la tiene menor en la UE-15. Y con respecto al fraude fiscal, las estimaciones realizadas de España más que duplican las de los países del euro. Sin embargo la ciudadanía española piensa que paga muchos impuestos, a la vez que la recaudación fiscal es insuficiente como pone de manifiesto el déficit existente.

El problema fiscal de España es doble. Por un lado las bases imponibles quedan limitadas por una panoplia de deducciones y reducciones que, para compensarlas, son gravadas por unos tipos muy elevados, pero a la vez, las personas cuyos ingresos provienen únicamente del trabajo por cuenta ajena y se mueven en cantidades medias y reducidas, no tienen forma de obtener rebajas en sus bases; por otra parte, las grandes sociedades cuentas con abundantes recursos fiscales –todos legales– para reducir su factura fiscal  Es decir, la estructura fiscal de los impuestos directos en España está orientada a favorecer a ‘los ricos y potentes’. En cuanto a los indirectos su función es meramente recaudatoria tal y como están diseñados.

España no recauda lo suficiente para abordar el gasto público que debería corresponder a una economía occidental y desarrollada, de ahí que el gasto público sea reducido en España: el equivalente al 43,6% del PIB en el 2014, frente al 58,7% en Finlandia, el 57,2% en Francia, el 57% en Dinamarca, … , el 49% de media en los países del área euro. Y como no recauda lo suficiente se enfrenta a diversas carencias y a dificultades para reducir su tasa de pobreza. La solución pasaría por reducir significativamente la economía sumergida y el fraude fiscal, pero el hacerlo acarrearía consecuencias.

Muchas de las actividades realizadas en negro y que engrosan el fraude fiscal únicamente son viables en negro porque el fraude es el nutriente que precisan para continuar existiendo, de tal modo que su paso a la economía blanca significaría su desaparición con el impacto que ello tendría para sus proveedores, para el sistema bancario y para el empleo. ¡Tremendo!. La economía española mantiene una tasa descomunal de economía sumergida que ocasiona un cuantiosísimo fraude fiscal –si mañana fuese eliminado todo el fraude en España la economía española pasaría a tener superávit fiscal– pero su liquidación supondría un retroceso económico sin parangón.

Lo cierto, grotesco y preocupante, es que la economía de España depende de la actividad en negro y del fraude fiscal para mantenerse, y así continuará mientras en Europa se lo signa permitiendo. Y sí: con la crisis este cuadro se ha agudizado.





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Pienso que soluciones a la situación en la que España se halla no existen. La economía española es como es debido a siglos de hacer las cosas como se hicieron. Ejemplos mil, sólo uno: mientras que en la década de los años veinte la II Revolución Industrial estaba ya implementada en casi toda Europa occidental, en España aún estaba pendiente la reforma agraria. Soluciones no hay, pero algunos posibles paliativos sí podrían ser aplicados. Una lista no exhaustiva podría ser:

- Llevar hasta sus extremos la colaboración internacional, no sólo europea, a fin de coordinar medidas y políticas económicas y sociales.

España es una economía pequeña, débil y muy dependiente, por lo que sola y aislada muy poco puede hacer. Su salida pasa por colaborar y coordinarse con otras economías. Pienso que el Gobierno que salga de las elecciones del 20 D, tenga el color que tenga y esté compuesto por las caras por las que esté compuesto debe tener como tarea prioritaria promover la cooperación con otras economías.

- Redefinición de la administración territorial.

La actual división de España en regiones no funciona porque está basa en un objetivo que carece de lógica económica: aproximar las rentas medias de cada región a la renta media de España sin considerar las distorsiones que ello crea en zonas con verdaderas posibilidades. Pienso que esa administración territorial debe modificarse potenciando las zonas con proyección (y modificando perímetros regionales) y reestatalizando competencias de aquellas regiones que no puedan sostenerlas. Paralelamente pienso que debería producirse una sgrupación de municipios en los casos en que tal agrupación sea beneficiosa.

- Favorecer la formación de clusters viables.

Se halla íntimamente ligada a la anterior. La gran ventaja de los clusters es la generaciøn de economías de escala y de sinergias, creando núcleos de atracción de compañías que se complementan. Debería ponerse todo el esfuerzo en la creación, el estímulo y el desarrollo de esas zonas.

- Antes de efectuar recortes o reducciones de gasto público analizar si lo que ahora se está gastando se está gastando 'bien'.

Tras las primeras manifestaciones de la crisis en el 2007, y tras la sensación de caos que se produjo tras la quiebra de Lehman en el 2008, los Gobiernos de todos los países se pusieron a gastar y a inyectar dinero público a mansalva par fomentar la recuperación, en España fue a través del llamado Plan E. Y las consecuencias de ello fueron un déficit y una deuda pública monstruosos, lo que ha dado lugar a recortes indiscriminados de gasto en una especie de café para todos a la inversa. Pienso que lo que hubiese debido hacerse, lo que debería hacerse cuando sea imprescindible abordar una reducción de gasto, es un análisis exhaustivo de en qué se está gastando y disminuir aquel gasto que sea menos necesario.

- Priorización de los gastos y de la inversión a realizar, atendiendo tanto a actividades como a zonas y en función de los retornos que generasen de forma que ambos se optimicen.

Continuamos en la línea anterior: escoger, analizar costes-beneficios, maximizar opciones, priorizar. Caso por caso, partida por partida, elemento por elemento. La idea es la de que cada céntimo es importante.

- Durante esta fase de ajuste / salvación las contribuciones fiscales deben estar en función de la capacidad real de pago.

Las cuestiones fiscales son hoy muy complejas porque las correspondientes a las grandes fortunas, a los grandes patrimonios, a las grandes compañías no son nacionales, sino internacionales. Alguien con un patrimonio de 100 millones, de 500 millones, una compañía con niveles de cashflow de 2.000 millones, dispone de una panoplia de herramientas que permiten reducir muchísimo la cuota fiscal, y siempre moviéndose en la más estricta legalidad.

Durante décadas se han permitido la existencia de ‘regímenes fiscales especiales’ en diferentes países y territorios porque ha convenido: esas fortunas, esos grandes patrimonios, esas compañías transnacionales debía contar con una salida –legal– a la progresividad fiscal de sus países sedes. Se puede criticar, o no, pero lo que no se puede ahora es cambiar el pasado. Lo que ahora debe decidirse es si, para resolver esta situación de déficit que afecta a casi todos los países se debe adoptar una decisión conjunta, o no.

España, en términos de capacidad de decisión y de influencia política es una hormiga, por lo que poco pude hacer ella sola en términos mundiales … y nacionales: hoy la libertad en el tránsito de capitales y fondos legales es total, y está bien que así sea. De lo que se trataría es de consensuar una política fiscal global en cuanto a normas conceptuales y operativas, y adoptar políticas fiscales locales de tal modo que adaptasen los tipos a la capacidad efectiva de pago de cada persona física o jurídica. Como ya he expresado en diversos foros y en distintas ocasiones soy partidario de un impuesto único sobre el gasto, pero mientras las cosas se arreglan, a pagar según capacidad.

Continuando con los posibles paliativos a aplicar para mejorar la situación económica de España.

- Decretar una amnistía fiscal sin peajes y con olvido del pasado a fin de que aflore actividad sumergida; posteriormente persecución del fraude.

Las amnistías fiscales han sido muy criticadas, el razonamiento por lo que lo han sido es simple: ¿cómo se puede considerar igual a alguien que ha cumplido con sus obligaciones fiscales que a quienes no han cumplido?. Pienso que debería tomarse una decisión final: perdonar y olvidar el pasado, y a partir de la conclusión para el perdón y el olvido perseguir el fraude a sangre y fuego, sin paliativos ni excepciones.

Y aquí sucede lo mismo: la capacidad de España en este ámbito en términos globales es prácticamente inexistente, por lo que su papel debería ser influir para que se avanzase en este sentido.

- Redefinición de la política fiscal.

La filosofía política fiscal que aún es de general aplicación en los países desarrollados y, conceptualmente, en muchos otros, nace tras la II GM y lo hace con un objetivo muy claro: recaudar lo máximo posible para que los Estados puedan alimentar el elevado y creciente gasto público que se decide afrontar y que abarca desde la financiación del modelo de protección social al cada vez más caro armamento que sostiene la Guerra Fría, pasando por los gastos y las inversiones civiles que ayudan y fomentan el crecimiento económico. Es decir: durante décadas el tándem ‘Estado potente – Gasto público abundante’ fue una constante. Pero eso ya no es así y el nuevo modelo pienso que no va a ir por ahí.

Ahora el ‘crecimiento continuado y permanente’ ya no se lleva porque es imposible debido a que los recursos son limitados y su oferta nos es infinita, pero es que además no existe capacidad de consumo –la inversión también lo es– para absorber todo lo que la oferta es capaz de fabricar. Paralelamente las grandes corporaciones se hallan ya por encima de los Estados porque disponen de elementos de presión que son mucho más efectivos que los resortes de los Estados, con la ventaja para ellas que su territorio es todo el planeta.

La redistribución de la riqueza ya no es necesaria porque ya no hay enemigos de los que apartar a poblaciones descontentas; con el modelo de protección social sucede lo mismo y, encima, ya no es financiable porque no se cumplen las premisas bajo las que se diseñó en los 50; y ya no es preciso que los Estados tengan los aparatos administrativos con los que contaban debido a que con Internet, por un lado, y las corporaciones, por otro, se pude y pueden realizar tareas que antes desempeñaba el Estado. Es decir, los Estados, en esta tendencia de responsabilizar a las ciudadanías de lo que les atañe, precisan de menos fondos y, en cualquier caso precisan de esos fondos de otra manera.

De ahí que piense que hoy debería eliminarse la fiscalidad sobre los ingresos para poner el acento de la imposición en el gasto atendiendo al tipo de bien o servicio en el que se gasta, y con impuestos negativos en los bienes definidos como básicos o de primera necesidad.

- Instauración de la Renta Básica.

La tendencia que está dibujando el nuevo modelo apunta a un desempleo estructural muy elevado por apuntar a la baja la demanda de trabajo, a un subempleo enorme porque el trabajo que se precise se necesitará de forma ultraflexible, y a un modelo de protección social insuficiente por infinanciable. Pero las necesidades básicas estarán ahí y ahí van a seguir.

La cuestión es si se desea eliminar la pobreza y garantizar unos mínimos esenciales a una parte muy numerosa de la población que no va ser necesaria en términos económicos; una cantidad adaptada al poder adquisitivo de la zona de referencia.  Por las razones que se quiera, incluido el mantenimiento del orden público. Y con una ventaja: sería conveniente que esta sistemática se aplicase en todos los países, pero cada país puede ponerla en marcha cuando lo crea conveniente; y también aquí las corporaciones podrían desempeñar un papel fundamental.

(La idea de Renta Básica que contemplo es el modelo que define el Dr. Daniel Raventós).

- Análisis de la capacidad real de pago de países, empresas y familias a fin de conocer qué volúmenes de deuda son pagables y cuáles no, para, posteriormente, realizar compensaciones y quitas.

No importa lo que digan los políticos –prácticamente todos– y los expertos –la inmensa mayoría–: la deuda total no se puede pagar en su totalidad. Se puede estar soñando que sí, y se pueden continuar contabilizando los bonos y los créditos con un valor que se sabe que nunca se va a poder recuperar, pero esa es una ficción que tiene fecha de caducidad: cuando un acreedor se pregunte en público cuándo y cuánto va a poder cobrar.

Tampoco abordar esta problemática está al alcance de una sola economía, por muy potente que sea, y menos puede hacerlo una economía pequeña como la española. Por ello debe ser el conjunto de acreedores o una mayoría significativa de los mismos quienes adopten la decisión de proponer compensaciones de deuda y quitas en las cantidades que no sean abordables. La justificación de esta propuesta es muy sencilla: más vale percibir el X% de algo que el 100% de nada. Y con esto hecho se podría pensar en afrontar otros menesteres; de hecho, posiblemente este punto debería figurar en primer lugar en esta lista.

Recuérdese, nuevamente, que España representa el 2% del PIB del planeta y el 10% del europeo. Muy poco no, absolutamente nada puede hacer España por sí sola, máxime teniendo en cuenta que la actividad económica, al igual de lo que sucede en otros países, se conentra en escasos lugares, escasas compañías y escasas personas.

Y ahora mediten cuanto de lo que hemos comentado hoy y en estos días pasados ha salido en la campaña de las elecciones del próximo Domingo y como ha sido abordado.

@sninobecerra

Santiago Niño-Becerra. Catedrático de Estructura Económica. IQS School of Management. Universidad Ramon Llull.