viernes, 12 de julio de 2013

La vista atrás

Lean detenidamente, muy detenidamente lo que viene. Y lo que viene es la copia literal de la reseña que el periódico La Vanguardia publicó el Viernes 12 de Julio de 1996 de un acto histórico que tuvo lugar el día anterior. Léanlo detenidamente porque exactamente 17 años después cosas que entonces se dijeron hoy continúan estando en el foco de atención, y dudas que entonces abiertas estaban siguen abiertas hoy. 1996: cuando España empezaba a ‘ir bien’: también eso se insinuó, aunque nada de aquello quede ya.
Boyer, Solchaga y Solbes consideran urgente profundizar en la reforma del mercado laboral.
Solchaga dice que el Gobierno se verá obligado a recortar el gasto social para reducir el déficit y estar en la UEM
Los ex ministros de Economía con el gobierno del PSOE Miguel Boyer, Carlos Solchaga y Pedro Solbes defendieron ayer la necesidad de profundizar en la reforma laboral para Contener los costes salariales y reforzar así la competitividad de la economía española.  Los tres, junto al también ex ministro de Economía con UCD Enrique Fuentes Quintana, participaron en un debate sobre las perspectivas de España en el proceso hacia la unión económica y monetaria (UEM), en el que todos subrayaron la importancia de flexibilizar el mercado de trabajo y recortar el déficit público. Solchaga aseguró que el Gobierno del PP se verá obligado a recortar los gastos sociales para que el déficit público no supere el 3 % del PIB en 1997 y España pueda acceder a la divisa única.
El propio Solchaga subrayó que “de entre todas las reformas estructurales pendientes, la más importante y urgente es la del mercado laboral”. Consideró que no es tan importante abordar el coste del despido como fijar la atención en el sistema de negociación colectiva para descentralizarlo y conseguir que la evolución de los salarios se ajuste a la productividad.
Durante el debate, organizado por el Col.legi d’Economistes de Catalunya, el Cercle Financer y el diario “Expansión” y celebrado en la sede de “la Caixa”, todos los participantes coincidieron en la idea de que el mercado de trabajo no funciona en España. En esta línea, Miguel Boyer señaló que “nuestro mercado laboral es el más rígido de Europa” porque “a pesar de los altísimos niveles de paro existentes los salarios no se han conmovido”, y consideró que “flexibilizarlo es fundamental aunque el empleo no sea uno de los criterios de convergencia fijados en Maastricht”.
Solchaga ligó el elevado nivel de paro con la escasa movilidad geográfica existente no sólo en España, sino en toda la Unión Europea, donde recordó que la mayoría de los desempleados no están dispuestos a cambiar de residencia para encontrar trabajo. El ex ministro apuntó que “quizás hemos creado un Estado del bienestar que permite que la gente pueda vivir razonablemente bien sin un trabajo”.
Con la absoluta convicción de que en 1999 entrará en vigor la UEM, Carlos Solchaga centró su intervención en las medidas que deberá adoptar el Gobierno para asegurar el ingreso de España en la unión monetaria. El ex ministro dijo que para rebajar el déficit público del 4,4 % del PIB previsto para este año hasta el 3 % que marca el tratado de Maastricht, “habrá que reducir el gasto público en un billón de pesetas”. Y subrayó que no será posible sin entrar a recortar el gasto en prestaciones sociales, es decir, el gasto en desempleo, sanidad y pensiones.
Pedro Solbes fue más cauto que su antecesor en el cargó y apuntó la necesidad de contener, y no recortar, los gastos sociales. Solbes consideró que las rebajas de fiscalidad que ha aprobado el nuevo Gobierno “complican el presupuesto de 1997” y advirtió contra la “tentación” de cumplir el criterio de déficit en 1997 para relajar después la disciplina presupuestaria.
Miguel Boyer y Enrique Fuentes Quintana tampoco hablaron de recortes sociales, aunque criticaron que el peso de la reducción del déficit recaiga sobre la inversión. Boyer recordó que en los últimos dos años la inversión pública, y no el gasto corriente, ha sido la gran sacrificada, y subrayó que “lo más fácil no es lo más razonable, porque España sigue necesitando invertir en infraestructuras y educación”. Añadió que “ésa es la manera de no afrontar los recortes más difíciles”, como las subvenciones a las empresas públicas en pérdidas. En su opinión, “si se siguen determinados atajos para aprobar el examen se diluye el interés que podría tener para la economía española el cumplimiento de este criterio de convergencia”.
El conseller de Economia i Finances de la Generalitat, Maciá Alavedra, cerró el acto insistiendo en la necesidad de que el peso de la reducción del déficit no recaiga únicamente en la inversión pública, y consideró esencial la reforma del mercado laboral.

Adiós al “modelo castizo tradicional de inflar y devaluar”
El profesor Fuentes Quintana realizó un análisis histórico que le llevó desde la España proteccionista del siglo XIX al ingreso en la Comunidad Europea en 1986, que supuso el “fin del modelo económico castizo tradicional”. Fuentes subrayó que la integración europea se ha convertido en “un blanco móvil”, porque el ingreso en el Mercado Común —el “menos común de los mercados” hasta 1986— dio paso al mercado único en 1992 y, ahora, a la unión monetaria prevista para 1999. En su opinión, España vive un momento “dramático” por la imperiosa necesidad de cumplir los criterios de convergencia fijados en Maastricht y no perder la “oportunidad histórica” de entrar en la UEM.
Miguel Boyer aludió irónicamente al talento de Fuentes para “dramatizar los problemas de la economía españla” y recordó que “todos los países europeos menos Alemania han sido castizos porque han devaluado”. El profesor Fuente Quintana replicó explicando que fue Raymond Barre quien definió el modelo de “inflar, devaluar y vuelta a empezar” al referirse a los países latinos. En su opinión, “si Maastricht no existiera, habría que inventario para España: es la única manera de que hagamos el esfuerzo de convergencia”. Un esfuerzo que no es imposible porque el Gobierno del PP “va a tener el coraje” de presentar un presupuesto suficientemente restrictivo para 1997.

Dos criterios enfrentados sobre la necesidad de acceder a la moneda única en 1999
Miguel Boyer reiter6 ayer su mensaje crítico sobre la conveniencia de que España acceda a la unión monetaria en 1999. El ex ministro advirtió sobre los riesgos de “entrar en la unión monetaria por un compromiso político y sin una convergencia suficiente y estable”. En su opinión, “la adopción de la moneda única europea no es buena ni mala en sí misma, sino que depende de si los países dan ese paso con la preparación adecuada o no”, pero advirtió que la economía española no está preparada para ello y sufrirá las consecuencias de ese desajuste.
Por el contrario, Fuentes Quintana, Solchaga y Solbes defendieron que España debe estar en el grupo de cabeza de la UEM y acceder al euro en 1999. Fuentes Quintana consideró que es la única manera de que España haga el esfuerzo de converger con Europa, mientras que Solchaga
y Solbes aseguraron que los costes de mantenerse fuera de la UEM serían mucho mayores que los de entrar Solchaga subrayó que “si entramos en la unión monetaria en 1999 o inmediatamente después, podremos tener una mayor estabilidad monetaria, disminuirá la prima de riesgo dé la deuda pública y, en consecuencia, bajarán los tipos de interés, lo que favorecerá un mayor crecimiento económico”.
Solbes, por su parte, señaló que en España ha habido poco debate político sobre la conveniencia de la UEM porque “somos conscientes de que nuestro margen de maniobra es absolutamente reducido”, aunque recordó que “debemos ser conscientes de que cambiamos el modelo económico”. El último responsable de Economía del Gobierno socialista, al igual que Fuentes, Boyer y Solchaga, se mostró convencido de que habrá cierta flexibilidad en la interpretación de los criterios de convergencia para permitir la entrada de un mayor número de países en la unión monetaria.
Para Boyer, el plazo fijado para cumplir los criterios de déficit y deuda pública es “demasiado perentorio y corto, por lo que puede tener efectos perversos y forzar que se recorte el gasto público por donde es más fácil para aprobar el examen”. Boyer aportó un argumento de peso: Estados Unidos se ha fijado un plazo de siete años para alcanzar el equilibrio presupuestario partiendo de un déficit público que actualmente es del 2 % del PIB.
El ex ministro de Economía consideró que España debería haber pasado por un periodo previo de convergencia en precios y tipo de cambio con Alemania, tal como han hecho Austria, Holanda, Bélgica y Francia, que en los últimos años han vivido una unión monetaria de facto con el marco. En su opinión, sería más prudente experimentar la convergencia de las economías a lo largo de cinco, diez o quince años en lugar de entrar en la UEM “por los pelos y en el último momento”.
Boyer advirtió que la UEM “es un experimento sin posibilidad de dar marcha atrás, en el que una depresión económica pasará a ser la única manera de corregir una desviación de la competitividad”. El ex ministro de Economía aseguró que, si dentro de la unión monetaria los salarios crecen por encima de la productividad o se produce una caída de la actividad que no sea general a toda Europa, la única fórmula desajuste será un incremento del nivel de paro. En su opinión, la sociedad española aprueba el proceso de unión monetaria, pero en realidad no está dispuesta a realizar el esfuerzo de convergencia que ese proceso requiere”.

Les aseguro que fue de lo más: yo estuve allí.
Santiago Niño-Becerra. Catedrático de Estructura Económica. IQS School of Management. Universidad Ramon Llull.

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