Toda amnistía fiscal es un fracaso colectivo. Se mire por donde se mire. Se podrá argumentar que no había más remedio que aprobarla para cumplir con la senda de reducción del déficit. O esgrimir, incluso, que los impuestos son un medio para lograr un objetivo y no un fin en sí mismo. En una palabra, que lo importante es recaudar aunque sea con la nariz tapada. Pero lo cierto es que su obscenidad es manifiesta.
No hay razones para aprobar una amnistía que va a costar a la larga más que los 2.500 millones de euros que Hacienda pretende recaudar. El mal está hecho y a partir de que la norma entre hoy en vigor, ningún inspector de Hacienda tendrá argumentos morales -aunque sí legales- para levantar un acta a un contribuyente. Los países serios no hacen amnistías para recaudar una cantidad irrelevante que supone apenas el 5% del déficit que tendrá este país en 2012 en el mejor de los casos. Si el Gobierno tiene argumentos suficientes para aflorar el dinero negro -y seguro que los hay- lo que debería haber hecho es un plan más ambicioso: lanzar un plan de blanqueo masivo de los capitales que hoy se escapan a los ojos del Fisco. ¿Por qué 2.500 y no 25.000 millones, señor Montoro?
No lo ha hecho y el resultado es que la propia Hacienda viene a reconocer que sólo ataca una parte del fraude fiscal, mientras que el resto seguirá campando a sus anchas. Este es, en realidad, el fondo del problema. La incapacidad del sistema fiscal para exigir a todos los contribuyentes el cumplimiento de sus obligaciones tributarias.
No hay razones para aprobar una amnistía que va a costar a la larga más que los 2.500 millones de euros que Hacienda pretende recaudar. El mal está hecho y a partir de que la norma entre en vigor, ningún inspector de Hacienda tendrá argumentos morales -aunque sí legales- para levantar un acta a un contribuyente
El fracaso no ha caído del cielo. No es ninguna maldición bíblica. Responde a comportamientos humanos y a decisiones equivocadas. No es un juicio de valor. Lo dicen las fuentes oficiales, que reconocen que el 72% de los contribuyentes considera que el fraude fiscal ha aumentado en los últimos años. Cuando en 1999 este porcentaje apenas llegaba al 24%.
Desde luego que la culpa no la tiene sólo este Gobierno. Tampoco el anterior ni el anterior, sino más bien una parte muy importante de la sociedad que ve el delito fiscal como un mal menor. Y que, incluso, lo justifica con el argumento de que los altos tipos impositivos son los culpables de tanto fraude. Y es en este contexto en el que ningún Gobierno de la democracia se ha tomado realmente en serio la lucha contra el fraude fiscal, sin duda una lacra propia de países con una arquitectura institucional mediocre.
El fraude fiscal es, en este sentido, coherente con la opinión que tiene buena parte de la opinión pública sobre la corrupción. La ve como algo inherente al sistema, y eso explica que gobiernos implicados hasta las cachas no sean castigados en las urnas, como se ha comprobado hace bien poco.
El fraude, de esta manera, forma parte del decorado nacional, y nada menos que el 41% de los contribuyentes, según las encuestas que maneja el Instituto de Estudios Fiscales, considera que es una conducta generalizada. Incluso el 37% lo justifica. Con razón sostenía Jean Monnet que si tuviera que empezar de nuevo la construcción de Europa, "lo haría con la cultura".
Los altos tipos impositivos no son la causa del problema, sino, al contrario, la consecuencia de haber dejado crecer la economía sumergida -el dinero negro- hasta límites insoportables. Si todos los contribuyentes pagaran sus impuestos, es evidente que la presión fiscal individual bajaría, elevándose, al mismo tiempo la presión fiscal global y, por ende, la recaudación.
Una amnistía ilegítima
Ocurre, sin embargo, todo lo contrario. Y como decía Federico el Grande, “el pueblo dice lo que le gusta y después yo hago lo que quiero”. Ningún Gobierno tiene legitimidad para declarar una amnistía fiscal -aunque sea parcial- porque viola el orden constitucional, como tampoco lo tiene para proclamar una amnistía en el orden penal.
Los Gobiernos están obligados a estimular la ejemplaridad pública, porque esto, realmente, es lo que permite vertebrar a una sociedad. No los discursos vacuos y sin fundamento, como el de Rubalcaba, que ayer ponía el grito en el cielo por la amnistía, pero olvidaba que gobiernos como el suyo son los que han permitido la existencia de grandes bolsas de dinero negro. Y que el mismo Ejecutivo del que él era vicepresidente aprobara una amnistía no para quien defraudara a Hacienda, sino para quien hubiera contratado de forma irregular a un trabajador. Ya se sabe que la memoria es corta y selectiva.
Así se explica que la falta de honradez y conciencia cívica sean, en opinión de los españoles, la principal causa del fraude fiscal en nuestro país. Hay también, sin duda, razones económicas. Como hacerlo para trampear y poder salir adelante; pero, sobre todo, razones morales. Aunque también influye la sensación de impunidad. Muchos defraudadores prefieren ser condenados por la justicia porque saben nunca se ejecutará la sentencia.
Los datos son aterradores. Dignos de una sociedad adormecida acostumbrada a ver el fraude como un fenómeno cotidiano. Los expedientes por delito fiscal se pudren en los tribunales por la lentitud de la justicia. Y esos mismos tribunales son los que acostumbran a imponer penas mínimas por delitos fiscales, probablemente por una percepción laxa de los jueces sobre lo que significa el fraude en términos económicos y sociales. Como han señalado algunos inspectores, en ocasiones la cuantía de las multas penales es, incluso, inferior a la que le hubiera correspondido al condenado por vía administrativa.
Aunque resulte increíble, el Fisco es acreedor de deudas tributarias por valor de más de 6.000 millones de euros pendientes de cobro, más del doble de lo que pretende recaudar Hacienda con la aministía. En muchos casos se trata de sentencias en firme que condenan a los contribuyentes por delito fiscal. Y ahora lo que se hace, sin embargo, es exonerar al delincuente sin pasar 'el tanto de culpa a la autoridad judicial ni al Ministerio Fiscal'.
El número de expedientes que envían los inspectores a la fiscalía por presunto delito fiscal ha caído un 40% desde 2003, pese a que tres de cada cuatro sentencias son condenatorias, lo que da a entender que había razones fundadas para enviar un expediente a los tribunales. Pero no pasa nada. Ni siquiera entra nadie a la cárcel por defraudar a Hacienda. Y tampoco se ha creado una policía fiscal, prevista ya cuando se creó la Agencia Tributaria, ¡en 1991!
España, por lo visto, continúa siendo un país lleno de patriotas de hojalata -algunos sentados en importantes consejos de administración-, pero como le gusta decir a Manuel Conthe, lo realmente patriota es pagar impuestos.
http://www.elconfidencial.com/opinion/mientras-tanto/2012/04/01/el-deshonor-de-una-nacion-tenia-un-precio-2500-millones-8978/
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