La patronal fotovoltaica no quiere más escándalos. Por ese motivo, el presidente de la Asociación de la Industria Fotovoltaica (Asif), Javier Anta, ha enviado una carta al secretario de Estado de Energía, Pedro Marín, en la que le pone sobre aviso de los riesgos que supone la ampliación de la potencia pico en las instalaciones fotovoltaicas españolas.
Esta práctica consiste en instalar más paneles solares que la potencia otorgada por el Gobierno -algo que se puede hacer simplemente con el permiso autonómico- para producir en las horas de menos sol una mayor cantidad de energía. Es decir, si la potencia nominal de la planta es de 50 MW se pueden poner paneles hasta 75 MW. De este modo, los promotores facturan más horas y sólo pierden la producción en las horas centrales del día, cuando se supera la potencia nominal de estas instalaciones por la mayor irradiación.
Según las primeras cuentas realizadas por la patronal en estos momentos podría haber instalados ya cerca de 700 MW de potencia ocultos para el Ministerio, es decir, alrededor de un 20 por ciento más del cálculo de megavatios que maneja el Gobierno y que ya podrían estar provocando fuertes aumentos en las primas, ya que ese mayor número de horas se cobra al precio al que está registrada la planta, la mayor parte de ellas amparadas en la tarifa del Real Decreto 661/2007.
Según indicaron fuentes de la patronal, en la Comunidad de Madrid, muchas plantas ya se diseñan extrapotenciadas al 30 por ciento porque supone el óptimo técnico entre los ingresos extra que se obtienen y los costes que se asumen.
La medida compensa económicamente por la gran caída del precio de los paneles en este momento y por el ahorro en promoción y en infraestructuras eléctricas (cables, inversores, transformadores...) que ya están hechas.
Fondos de inversión atentos
Ante este vacío legal, grandes fondos de inversión y algunas empresas tenían la intención de comprar instalaciones fotovoltaicas españolas acogidas al RD 661/2007 para extrapotenciarlas y hacer un importante negocio, motivo por el que la patronal ha solicitado una reunión al Ministerio para tratar de poner coto a esta situación que puede suponer "cientos de millones de euros anualmente", explica Asif.
La asociación reconoce que la ampliación de potencia de las instalaciones existentes es una medida positiva para aumentar la eficiencia, pero pide que la retribución se controle y que se tenga que pasar por el Registro de Preasignación al tiempo que se imponga una tarifa ponderada entre la potencia original y la de la ampliación.
Este mismo sistema es el que se utiliza en Alemania -el país con mayor potencia solar instalada- donde se permite la extrapotenciación de una planta ya construida, pero modificando la tarifa que recibe para ponderarla con los precios de los equipos con los que se ha incrementado su potencia; de este modo se aprovechan las ventajas de la extrapotenciación (mayor eficiencia del sistema eléctrico, puesto que las infraestructuras de conexión ya están hechas) y se otorgan rentabilidades justas.
En la carta que ha remitido la patronal al Ministerio explica que el Gobierno no debe pensar en una limitación de horas y le recuerda que si se impone ese sistema se abrirá una batalla legal con múltiples agentes del sector.
Asif indica que la limitación de horas no evitará que las instalaciones que operen con menos horas que las máximas fijadas, aumenten su potencia pico hasta conseguirlas, aumentando con ello su retribución y su peso en la tarifa eléctrica.
La patronal asegura que el acuerdo con el Ministerio no se ha podido alcanzar por el peso en la tarifa eléctrica que tienen los casi 3.400 MW incluidos en el Real Decreto 661/2007 que representan más del 97 por ciento de la potencia instalada y que el año pasado rondó los 2.500 millones de euros.
Informe del regulador
La Comisión Nacional de Energía resolvió ya la semana pasada su informe sobre el Real Decreto que modifica la retribución del régimen especial.
El regulador considera adecuada la reducción extraordinaria de las tarifas propuestas por el Ministerio para la fotovoltaica, al tiempo que propone reducir la lista de espera de las instalaciones para ser inscritas en el Registro de Preasignación. Por este motivo, proponen que se elimine dicho preregistro y que se convoquen subastas trimestrales o anuales mediante el mecanismo de sobre cerrado.
La institución que preside Maite Costa arremete con fuerza contra algunas de las medidas propuestas por Industria. En su informe considera que no es eficiente la limitación de las horas susceptibles de recibir primas para las instalaciones eólicas y termoeléctricas.
Ésta es una de las principales medidas que ha incluido el ministro Sebastián para tratar de controlar el fuerte aumento del coste de las ayudas al sector que ya ascienden a 4.000 millones al año.
La patronal fotovoltaica no quiere más escándalos. Por ese motivo, el presidente de la Asociación de la Industria Fotovoltaica (Asif), Javier Anta, ha enviado una carta al secretario de Estado de Energía, Pedro Marín, en la que le pone sobre aviso de los riesgos que supone la ampliación de la potencia pico en las instalaciones fotovoltaicas españolas.
Esta práctica consiste en instalar más paneles solares que la potencia otorgada por el Gobierno -algo que se puede hacer simplemente con el permiso autonómico- para producir en las horas de menos sol una mayor cantidad de energía. Es decir, si la potencia nominal de la planta es de 50 MW se pueden poner paneles hasta 75 MW. De este modo, los promotores facturan más horas y sólo pierden la producción en las horas centrales del día, cuando se supera la potencia nominal de estas instalaciones por la mayor irradiación.
Según las primeras cuentas realizadas por la patronal en estos momentos podría haber instalados ya cerca de 700 MW de potencia ocultos para el Ministerio, es decir, alrededor de un 20 por ciento más del cálculo de megavatios que maneja el Gobierno y que ya podrían estar provocando fuertes aumentos en las primas, ya que ese mayor número de horas se cobra al precio al que está registrada la planta, la mayor parte de ellas amparadas en la tarifa del Real Decreto 661/2007.
Según indicaron fuentes de la patronal, en la Comunidad de Madrid, muchas plantas ya se diseñan extrapotenciadas al 30 por ciento porque supone el óptimo técnico entre los ingresos extra que se obtienen y los costes que se asumen.
La medida compensa económicamente por la gran caída del precio de los paneles en este momento y por el ahorro en promoción y en infraestructuras eléctricas (cables, inversores, transformadores...) que ya están hechas.
Fondos de inversión atentos
Ante este vacío legal, grandes fondos de inversión y algunas empresas tenían la intención de comprar instalaciones fotovoltaicas españolas acogidas al RD 661/2007 para extrapotenciarlas y hacer un importante negocio, motivo por el que la patronal ha solicitado una reunión al Ministerio para tratar de poner coto a esta situación que puede suponer "cientos de millones de euros anualmente", explica Asif.
La asociación reconoce que la ampliación de potencia de las instalaciones existentes es una medida positiva para aumentar la eficiencia, pero pide que la retribución se controle y que se tenga que pasar por el Registro de Preasignación al tiempo que se imponga una tarifa ponderada entre la potencia original y la de la ampliación.
Este mismo sistema es el que se utiliza en Alemania -el país con mayor potencia solar instalada- donde se permite la extrapotenciación de una planta ya construida, pero modificando la tarifa que recibe para ponderarla con los precios de los equipos con los que se ha incrementado su potencia; de este modo se aprovechan las ventajas de la extrapotenciación (mayor eficiencia del sistema eléctrico, puesto que las infraestructuras de conexión ya están hechas) y se otorgan rentabilidades justas.
En la carta que ha remitido la patronal al Ministerio explica que el Gobierno no debe pensar en una limitación de horas y le recuerda que si se impone ese sistema se abrirá una batalla legal con múltiples agentes del sector.
Asif indica que la limitación de horas no evitará que las instalaciones que operen con menos horas que las máximas fijadas, aumenten su potencia pico hasta conseguirlas, aumentando con ello su retribución y su peso en la tarifa eléctrica.
La patronal asegura que el acuerdo con el Ministerio no se ha podido alcanzar por el peso en la tarifa eléctrica que tienen los casi 3.400 MW incluidos en el Real Decreto 661/2007 que representan más del 97 por ciento de la potencia instalada y que el año pasado rondó los 2.500 millones de euros.
Informe del regulador
La Comisión Nacional de Energía resolvió ya la semana pasada su informe sobre el Real Decreto que modifica la retribución del régimen especial.
El regulador considera adecuada la reducción extraordinaria de las tarifas propuestas por el Ministerio para la fotovoltaica, al tiempo que propone reducir la lista de espera de las instalaciones para ser inscritas en el Registro de Preasignación. Por este motivo, proponen que se elimine dicho preregistro y que se convoquen subastas trimestrales o anuales mediante el mecanismo de sobre cerrado.
La institución que preside Maite Costa arremete con fuerza contra algunas de las medidas propuestas por Industria. En su informe considera que no es eficiente la limitación de las horas susceptibles de recibir primas para las instalaciones eólicas y termoeléctricas.
Ésta es una de las principales medidas que ha incluido el ministro Sebastián para tratar de controlar el fuerte aumento del coste de las ayudas al sector que ya ascienden a 4.000 millones al año.
La patronal fotovoltaica no quiere más escándalos. Por ese motivo, el presidente de la Asociación de la Industria Fotovoltaica (Asif), Javier Anta, ha enviado una carta al secretario de Estado de Energía, Pedro Marín, en la que le pone sobre aviso de los riesgos que supone la ampliación de la potencia pico en las instalaciones fotovoltaicas españolas.
Esta práctica consiste en instalar más paneles solares que la potencia otorgada por el Gobierno -algo que se puede hacer simplemente con el permiso autonómico- para producir en las horas de menos sol una mayor cantidad de energía. Es decir, si la potencia nominal de la planta es de 50 MW se pueden poner paneles hasta 75 MW. De este modo, los promotores facturan más horas y sólo pierden la producción en las horas centrales del día, cuando se supera la potencia nominal de estas instalaciones por la mayor irradiación.
Según las primeras cuentas realizadas por la patronal en estos momentos podría haber instalados ya cerca de 700 MW de potencia ocultos para el Ministerio, es decir, alrededor de un 20 por ciento más del cálculo de megavatios que maneja el Gobierno y que ya podrían estar provocando fuertes aumentos en las primas, ya que ese mayor número de horas se cobra al precio al que está registrada la planta, la mayor parte de ellas amparadas en la tarifa del Real Decreto 661/2007.
Según indicaron fuentes de la patronal, en la Comunidad de Madrid, muchas plantas ya se diseñan extrapotenciadas al 30 por ciento porque supone el óptimo técnico entre los ingresos extra que se obtienen y los costes que se asumen.
La medida compensa económicamente por la gran caída del precio de los paneles en este momento y por el ahorro en promoción y en infraestructuras eléctricas (cables, inversores, transformadores...) que ya están hechas.
Fondos de inversión atentos
Ante este vacío legal, grandes fondos de inversión y algunas empresas tenían la intención de comprar instalaciones fotovoltaicas españolas acogidas al RD 661/2007 para extrapotenciarlas y hacer un importante negocio, motivo por el que la patronal ha solicitado una reunión al Ministerio para tratar de poner coto a esta situación que puede suponer "cientos de millones de euros anualmente", explica Asif.
La asociación reconoce que la ampliación de potencia de las instalaciones existentes es una medida positiva para aumentar la eficiencia, pero pide que la retribución se controle y que se tenga que pasar por el Registro de Preasignación al tiempo que se imponga una tarifa ponderada entre la potencia original y la de la ampliación.
Este mismo sistema es el que se utiliza en Alemania -el país con mayor potencia solar instalada- donde se permite la extrapotenciación de una planta ya construida, pero modificando la tarifa que recibe para ponderarla con los precios de los equipos con los que se ha incrementado su potencia; de este modo se aprovechan las ventajas de la extrapotenciación (mayor eficiencia del sistema eléctrico, puesto que las infraestructuras de conexión ya están hechas) y se otorgan rentabilidades justas.
En la carta que ha remitido la patronal al Ministerio explica que el Gobierno no debe pensar en una limitación de horas y le recuerda que si se impone ese sistema se abrirá una batalla legal con múltiples agentes del sector.
Asif indica que la limitación de horas no evitará que las instalaciones que operen con menos horas que las máximas fijadas, aumenten su potencia pico hasta conseguirlas, aumentando con ello su retribución y su peso en la tarifa eléctrica.
La patronal asegura que el acuerdo con el Ministerio no se ha podido alcanzar por el peso en la tarifa eléctrica que tienen los casi 3.400 MW incluidos en el Real Decreto 661/2007 que representan más del 97 por ciento de la potencia instalada y que el año pasado rondó los 2.500 millones de euros.
Informe del regulador
La Comisión Nacional de Energía resolvió ya la semana pasada su informe sobre el Real Decreto que modifica la retribución del régimen especial.
El regulador considera adecuada la reducción extraordinaria de las tarifas propuestas por el Ministerio para la fotovoltaica, al tiempo que propone reducir la lista de espera de las instalaciones para ser inscritas en el Registro de Preasignación. Por este motivo, proponen que se elimine dicho preregistro y que se convoquen subastas trimestrales o anuales mediante el mecanismo de sobre cerrado.
La institución que preside Maite Costa arremete con fuerza contra algunas de las medidas propuestas por Industria. En su informe considera que no es eficiente la limitación de las horas susceptibles de recibir primas para las instalaciones eólicas y termoeléctricas.
Ésta es una de las principales medidas que ha incluido el ministro Sebastián para tratar de controlar el fuerte aumento del coste de las ayudas al sector que ya ascienden a 4.000 millones al año.
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