Análisis: El Pacto de Toledo: la inutilidad cumple 15 años

Pocos comienzos de un artículo pueden resultar tan odiosos como la pedante afirmación "ya lo decía yo". Y en pocas ocasiones se puede asegurar que el "ya lo decía yo" se remonta a 1995 cuando se alumbró el llamado Pacto de Toledo, una institución que ha sobrevivido más de 15 años, gracias a ser completamente inservible y gloriosamente inoperante.

Y debo decir que en aquella fecha, casi remota, fuimos muchos los escépticos.

Además de algunas razones técnicas y documentos valiosos que ponían ya en solfa el sistema de pensiones español y que recomendaban la urgente revisión del modelo, hubo un detonante político que se puede considerar determinante para que se creara la ponencia permanente del Pacto de Toledo.

Fue en un debate electoral entre Felipe González y José María Aznar cuando se produjo una mezquina argumentación del líder socialista sobre la intención del PP de acabar con las pensiones públicas en cuanto ganaran las elecciones.

Pensiones al margen

La alarma de esta afirmación rechazablemente electoralista dió lugar a un estado de opinión favorable a que las pensiones dejaran de una vez por todas el escenario electoral y no fueran objeto de mercadeos de votos ni argumentos alarmantes para una amplia capa de población.

La ponencia para el análisis de los problemas estructurales del sistema de la Seguridad Social y de las principales reformas que deberán acometerse, que con esta titulación propia de Jovellanos se creó en el Congreso, estaba cuajada de nombres sobresalientes de la política de entonces y algunos todavía de ahora: Joaquín Almunia, Alejandro Cercas, Francesc Homs, Rodolfo Martín Villa, Constantino Méndez, Cristóbal Montoro y Celia Villalobos, entre otros.

Los quince años transcurridos apenas han modificado el voluntarismo del Pacto de Toledo porque, sobre todo, partió de un apriorismo absoluto que la ponencia de entonces expresaba así: "Las demandas teóricas de sustituir el actual sistema de reparto y solidaridad intergeneracional por otro basado en la capitalización del sistema público de pensiones y en la previsión individual, es rechazable por razones sociales e inviable técnicamente". No deja de ser curioso que ahora, cuando se habla de inviabilidad, se le aplique este calificativo al sistema público. Hay cuestiones que sólo el tiempo es capaz de poner en su sitio.

La misma situación que en 1995

Hay aspectos en los que, pese al largo periodo transcurrido, la situación es la misma que en 1995 y la literatura de entonces sigue siendo vigente hoy, porque nada se ha avanzado, salvo en que durante los años de auge económico el número de cotizantes se elevó de tal manera que aportó holgados ejercicios económicos que hicieron creer que el problema estaba solucionado con la aplicación de estos superávit al Fondo de Reserva de la Seguridad Social, el único objetivo del Pacto de Toledo que hoy tiene una realidad tangible, pero fruto más del susto que provocó la "quiebra técnica del sistema" que obligó al Gobierno a pedir créditos para hacer frente a las pensiones que de los trabajos del Pacto.

El Pacto hablaba entonces y sigue debatiendo hoy la "contributividad del sistema", es decir que haya una correlación real entre el esfuerzo del contribuyente a la Seguridad Social y la prestación de la pensión ulterior. Este esquema acercaría lo máximo el sistema de reparto al sistema de capitalización, pero, pese a que el Pacto de Toledo lo tiene en sus primerísimas estipulaciones, los sucesivos gobiernos se han encargado de subvertirlo con subidas permanentes de las pensiones mínimas, lo que constituye un desincentivo absoluto para cotizar en las bases más altas, puesto que el compás de las prestaciones se cierra de abajo arriba.

¿Y sobre la edad de retiro laboral? Resulta casi cruel reproducir aquí lo que hace quince años quedó recogido en el texto de la ponencia: "La edad de jubilación debe ser flexible y dotada de los caracteres de gradualidad y progresividad. De igual modo, el acceso a la pensión de jubilación no debe impedir una presencia activa del pensionista. En tal sentido y sin perjuicio de mantener la edad ordinaria de jubilación en los 65 años, resultaría muy aconsejable, en términos financieros y sociales, facilitar la prolongación voluntaria de la vida activa de quienes libremente lo deseen. A tal efecto cabe regular la exoneración total o parcial, en función de la jornada, de la obligación de cotizar en aquellos supuestos en que el trabajador opte por permanecer en activo con suspensión proporcional del percibo de la pensión". ¿Hay un ápice de avance del texto salido de la Comisión hace unos días respecto de esta redacción de hace quince años?

La inutilidad en el tiempo de este sistema de trabajo y sus nonadas resultantes desembocan en la actitud del Gobierno de Zapatero anunciando que haga lo que haga y predique lo que predique el Pacto de Toledo, tomará la decisión que le parezca.

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