lunes, 19 de octubre de 2015

Financiación regional: la enésima vez

Vuelve el tema de la financiación regional. Dicen que es por las elecciones del 20 D; pienso que no, que es porque España como conjunto no da más de si y a la vez tiene que reducir su déficit en 45 mM€ de aquí al 2020 y porque cada año va a tener que apoquinar no menos de 30 mM€ en intereses de la deuda pública … para toda la eternidad –prácticamente– a no ser que se asuma de una vez que nadie puede pagar todo lo que debe. Por tanto hay que sacar de aún se puede sacar.

Veamos. España tiene un problema de financiación regional porque el mismo concepto de ‘comunidad autónoma’ es ficticio, una entelequia de la Transición que supuso cosas falsas, la primera y fundamental que cualquier territorio que se diseñase, de una u otra manera era sostenible, y eso ni era ni es cierto.
Debido a ello llevamos 35 años con un sistema financiero absurdo que se basa en tres principios ilógicos desde una perspectiva económica: que los impuestos los pagan las personas, que todas las regiones deben poder gestionar todas las competencias que tienen transferidas, y que unas regiones tienen que dar para que otras mantengan esas competencias olvidando la situación de partida de cada región. Y para colmo todo este montaje se calcula suponiendo que cualquier gasto o inversión, no importa donde se haga, beneficia a todos independientemente de donde se encuentren.
Ya lo hemos comentado: otras veces. En 1980 España se encontraba en una situación muy, muy inestable en términos políticos y en un estado muy precario en términos económicos, la diferencia es que así como en lo primero la inestabilidad afectaba a todo el territorio en lo segundo no era así: había zonas que mantenían una actividad y mostraban unas expectativas, mientras que en otras la actividad era bajísima y las expectativas prácticamente nulas. Todo ello quedaba reflejado en la desviación estándar de las rentas medias territoriales respecto a la media de España, y ahí se produjo el primer fallo: tomar como referencia la renta media de España y fijar como objetivo la aproximación de las rentas medias territoriales a la media. Y todo ello sin aceptar que España era en un país pobre.
Y se fue a lo fácil: transferir competencias administrativas a diestro y siniestro sin criterios de viabilidad y sostenibilidad, crear quince gobiernos que solaparon trabajos y gestiones, y detraer a quienes más generaban sin tener en cuenta las posibilidades de crecimiento que se estaban cercenando a los territorios en los que se detraía y transferir a quienes menos generaban a fin de sostener esas competencias dadas sin realizar estudios de viabilidad de actividades posibles ni de eficiencia en el gasto realizado. Olvídense de la política: un territorio al que cada año se le tenga que dar el 17% del PIB que por si genera, o el 14% o el 8%, o el 7%, o el 1%, no-es-viable en su configuración actual. Y el color de quien gobierne el Estado o cada ente regional da exactamente lo mismo.
Los impuestos los paga el PIB que genera cada territorio, lo que hacen las personas es percibir los resultados del gasto público que se realiza en las formas que se realice, gasto del que se beneficia quienes residan en el territorio donde se haga el gasto y quienes participen en la realización del gasto: pienso que carece de sentido imaginar que alguien que se halla a mil Km del lugar pueda beneficiarse de ese gasto. Pero además, con el sistema en vigor de financiación regional establecido sucede algo perverso.
Ilógico es sostener artificialmente competencias transferidas que a quienes se le han transferido no pueden sostener, pero que la situación de quienes dan quede después de dar peor de la de quienes reciben, no sólo es ilógico sino que es aberrante. Y eso pasa. Y tiene efectos en los servicios percibidos.
¿Qué habría que hacer en el sistema regional en España?. Pienso que lo siguiente:
- Realizar una auditoría hasta sus últimas consecuencias sobre la viabilidad de cada una de las regiones españolas así como sobre la sostenibilidad de las competencias transferidas. Esta auditoría deberían realizarla técnicos sin filiación política y con total libertad de acción. Los resultados de la misma serían abordados por un comité técnico cuyas decisiones serían asumidas por todos los implicados. Esos técnicos, pienso, deberían ser no españoles.
- Tomando los datos y las conclusiones aportadas por esa auditoría, realizar una nueva división territorial de España con criterios de sostenibilidad, traspasando al Estado aquellas competencias que no fuesen sostenibles por los entes territoriales. Paralelamente, realizar las reordenaciones pertinentes en cada ente territorial de modo que la eficiencia fuese máxima.
- A partir de ese momento poner el acento en la eficiencia y en la necesidad del gasto y de las inversiones a realizar.
Repasen estos 35 últimos años de economía regional española con arreglo a los puntos anteriores y verán que la situación económica de España sería bastante diferente. (Y la política, evidentemente también).
(La pregunta de siempre: ¿por qué Euskadi y Navarra tienen un sistema financiero propio? Pues porque, de entrada su peso en el PIB de España era bajísimo, y segundo, en el caso de Euskadi, porque ya tenía la especificidad foral y el franquismo le derogó los Fueros. Con Euskadi, además, sucede otra cosa: el Estado no aporta ni un euro a las arcas de las Diputaciones que son las que tienen la administración de los dineros porque Euskadi es autosuficiente).
Santiago Niño-Becerra. Catedrático de Estructura Económica. IQS School of Management. Universidad Ramon Llull.

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