Un país que gasta más de lo que ingresa de forma estructural tiene un
grave problema: depende de la financiación que otros le dan y, a la
larga, acaba teniendo que obedecer sus "consejos". Por tanto, quede bien
claro que soy partidario de ajustar y racionalizar determinados
gastos públicos, empezando por el sistema de políticos
sobredimensionado. Y aumentar, si es imprescindible, los ingresos vía
impuestos y demás herramientas. Dicho lo cual, el brutal ajuste aprobado
por el ejecutivo de Mariano Rajoy no creo que sea acertado desde el
punto de vista económico, y muy especialmente en cuanto a la necesaria
creación de empleo vía crecimiento de nuestra economía. Analizando las
medidas, uno se teme que lo que se haya ajustado tiene más que ver con
una adaptación forzosa a las "recomendaciones" de nuestros acreedores,
del FMI y de la Comisión Europea que nos ha de dejar 100.000 millones de euros para
cubrir los desmanes de la burbuja inmobiliaria, permitida por los
supervisores, azuzada por los políticos y promocionada por la banca. Y
el que más sufre, el ciudadano endeudado, es el que menos culpa tiene de
todo. Caro paga sus errores, el más débil del sistema.
Dado que el rescate es eminentemente financiero,
uno esperaría que fuera la banca la que sufriera el grueso del ajuste,
seguido por los políticos y demás altos cargos. Sin embargo los ajustes
no son precisamente un reparto adecuado de los costes. ¿Pagarán la deuda
de los bancos los funcionarios, parados y las clases medias?
Parece que esta es la decisión de nuestro Gobierno, que paguen los que menos culpa tienen.
Trasladar al momento de la jubilación la paga extra de los
funcionarios, eliminarla de facto para otros trabajadores públicos,
aumentar a partir del 1 de septiembre el IVA reducido al 10% y el normal
al 21%, reducir la prestación de desempleo a partir del sexto mes o
eliminar la deducción por adquisición de vivienda habitual son algunas de las medidas adoptadas.
En cuanto a los emprendedores, que se supone serán el germen de una
nueva economía productiva, se les empeora la fiscalidad, obligando al
autónomo a retener un 21% de sus facturas, en lugar del 15% actual. Si
ya salía caro emprender en España, ahora lo hacemos aún más difícil.
La única aceptable, que se toma a disgusto, es la de quitar el
beneficio fiscal a la compra de vivienda a partir de 2013. Sin embargo,
este beneficio debería dedicarse a otro tipo de gastos que sí deberían
tener beneficios fiscales, como los gastos médicos de determinada
naturaleza, por ejemplo. Sin embargo no va a compensar al ciudadano en
otros conceptos, sino al Estado voraz.
Los funcionarios, muchos mileuristas, ven expoliado su salario, que
afectará directamente al consumo y, consecuentemente, al empleo (si las
empresas venden menos, contratan menos).
Los desempleados son un colectivo acosado por unas medidas
absolutamente deleznables: en una economía con pleno empleo, reducir lo
que se paga a los desempleados tiene sentido e incentiva la búsqueda de
empleo. En una economía sin trabajo disponible es, sencillamente, un
ataque directo a los más débiles. Vergüenza debería darles a los que han
aprobado estas medidas. Y además reducirá su ya mermado consumo, y más
paro traerá.
Y subir el IVA en el mismo momento que se mantiene una preocupante
"amnistía fiscal" es, sencillamente, una invitación a defraudar.
Potenciar el riesgo moral, que el contribuyente que cumple se sienta
insultado. Menos consumo y más fraude: menos empleo una vez más.
El Gobierno está tomando las decisiones que menos coste para los suyos
tiene, pero son letales para la economía y sus votantes, a los que debe
servir. ¿Hasta cuándo?
Pau A. Monserrat, economista de Futur Finances e iAhorro.com
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