Sólo 190 megavatios de los 347 inscritos en el registro de Industria hasta julio del año pasado están actualmente en funcionamiento. Buena parte del resto ya no podrían construirse por haber caducado sus plazos. Por ello, las comunidades podrían ejecutar los avales depositados por los promotores, que ascienden a 100 millones de euros.
La parálisis sectorial de la que se queja la industria solar fotovoltaica empieza a sustentarse en cifras. Sólo 190 megavatios (MW) de los 347 de esta fuente renovable inscritos hasta julio de 2009 se habrían puesto en marcha, según datos de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) recogidos por Asociación de la Industria Fotovoltaica (Asif). Supone que alrededor de un 45% de las plantas aprobadas en ese periodo no se han terminado.
La relevancia de este dato, más allá de demostrar la inactividad de un sector que el año anterior fue capaz de poner en marcha unos 2.500 MW, está en el hecho de que muchas de esas instalaciones ya no podrán conectarse a la red y, además, perderán dinero. Más de 100 millones de euros, según las cifras de Asif.
Según la normativa, desde que una planta se inscribe en el registro de preasignación de retribución del ministerio de Industria, su promotor tiene 12 meses para construirla y ponerla en marcha. Para garantizar el cumplimiento, los interesados están obligados a depositar un aval de 0,5 millones de euros por megavatio en la Caja General de Depósitos. Si hay algún problema, el propietario puede solicitar a la Dirección General de Política Energética una prórroga, que no puede superar los cuatro meses.
Para las instalaciones inscritas en el Registro a fecha de enero, abril o incluso julio del año pasado, estos plazos pueden haber caducado ya. De hecho, las estimaciones de Asif apuntan a que así es y exigen al ministerio que inicie los procesos para que se ejecuten los avales. Los montos superarían los 100 millones de euros, en función de la potencia no ejecutada. Fuentes del ministerio de Industria aseguraban que ya se está pidiendo información a las Comunidades Autónomas sobre las instalaciones de su competencia.
Las causas de las pérdidas
Parece bastante ilógico que, cuando una planta tarda en montarse del orden de seis meses, un promotor no sea capaz de instalarla en 12 o incluso en 16 si tiene algún problema. Sin embargo, fluctuaciones del mercado y vaivenes regulatorios justificarían estos desistimientos.
Por un lado, a principios del año pasado, el precio de los módulos fotovoltaicos se desplomó por falta de demanda al contraerse, fundamentalmente el mercado español. Tal y como explican desde el sector, muchos esperaron al límite para ver si se abarataban más los equipos y podían lograr más márgenes. Pero la demanda volvió a repuntar, animada por el mercado alemán, y las placas escasearon.
Por otro lado, la escasez crediticia también ha motivado que los llamados papeleros, aquellos que sólo querían lograr la inscripción en el registro para revenderla, sin intención de realizar la planta, se encontraran sin compradores, porque pocos querían pagar el sobreprecio, y sin tiempo para construir.
Los últimos vaivenes regulatorios, que han puesto en duda que las instalaciones en funcionamiento fueran a cobrar toda su prima, han terminado de dejar en suspenso a la industria. Sin embargo, no tendrán más remedio que esperar a septiembre para echar cuentas.
La subterránea bronca por la retribución
Los datos de la Asociación de la Industria Fotovoltaica (Asif) buscan respaldar las propuestas de las asociaciones AEF, Asif y Appa en su intención de evitar que el ministerio de Industria recorte las primas a las instalaciones en funcionamiento. Las representantes del sector tratan así de dar soluciones al Gobierno para reducir el enorme monto de primas que recibe esta energía, muy por encima de lo que el Ejecutivo tenía previsto.
La potencia instalada se ha multiplicado estos años por más de ocho respecto de los objetivos fijados gubernamentalmente para 2010. Frente a los 400 MW previstos, se instalaron 3.200 MW, en su mayoría en 2008, cuando la regulación y las retribuciones eran especialmente atractivas. El ministerio se ha visto en la tesitura de tener que acabar con el déficit de tarifa, deuda de los consumidores con las eléctricas porque la tarifa no refleja los costes reales de producción de la electricidad y que, en cierto modo, agravan estas primas disparadas. Para lograrlo, una de las opciones era este recorte retroactivo, que podía afectar no sólo a la fotovoltaica sino también a la eólica y a la termosolar. La oposición a esta opción fue brutal en los meses previos al verano, desde todos los frentes. Aun así, los representantes de la energía eólica y de la solar termoeléctrica pactaron a principios de julio una serie de recortes para su retribución basados en la limitación de las horas de funcionamiento y una moratoria de un año, en el caso de la termosolar, para empezar a cobrar.
La nueva regulación fotovoltaica presentada en los últimos días de julio sólo se centra en los temas del fraude en las plantas fotovoltaicas y en la normativa a futuro. Aún queda por definir si se limitarán también sus horas de funcionamiento.
Inscripciones
-Según los datos del ministerio, entre el primer y el tercer trimestre de 2009 se registraron 347,5 MW fotovoltaicos. En el último trimestre se inscribieron 154,72 MW más. Se cubrió completamente el cupo anual de potencia de 500 MW.
-El mecanismo permite que las primas decrezcan si se cubren los cupos totalmente y que la potencia no solicitada de alguna de las categorías (suelo, tejado y pequeñas instalaciones) se traslade a las demás.
fuente: www.cincodias.com
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